
Ciudad de Córdoba (1/9/20). El edil capitalino le pidió a la Justicia que investigue si los fondos depositados en sus cuentas y que no fueron restituidos a los usuarios del servicio hasta la fecha constituye un «hecho delictivo». La denuncia apunta a la posible comisión del delito de Defraudación por Retención Indebida.
El concejal Juan Pablo Quinteros (EVC) formuló una presentación judicial ante el Ministerio Público Fiscal, por la cual solicitó se proceda a realizar una investigación penal preparatoria respecto al accionar de los socios y directores de las sociedades que integran la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) denominada comercialmente Movypark integrada por las empresas Plus Mobile Communications S.A y Movipay S.A.
Con la denuncia, el edil opositor le pidió a la Justicia dilucidar si se configuró un hecho delictivo en contra de los usuarios del servicio de estacionamiento medido de la Ciudad que tenían fondos depositados en sus cuentas de usuario y que no les fueron restituidos hasta el día de la fecha y/o la comisión de cualquier otro hecho tipificado en el Código Penal.
La presentación impulsada por Quinteros fue relaizada ayer y recayó en la Fiscalía de Distrito 1 Turno 5 a cargo de Gustavo Dalma.
Cabe mencionar que en virtud de una serie de irregularidades por parte de Movypark, que incluyó la violación a la privacidad de datos sensibles de los usuarios del servicio como lo reveló La Voz de Interior, el Concejo Deliberante facultó al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) -mediante la ordenanza 13.027- a disponer la caducidad del contrato de concesión por exclusiva culpa del concesionario.
En medio de las irregularidades sobre la filtración de datos, un proveedor de la empresa Movypark, Cespi (Centro Superior para el Proceso de la Información) de la Universidad de La Plata le dijo al matutino cordobés que, a través de su director Juan Marra y en relación a la empresa MovyPark que “…encontraron un segundo negocio que es administrar el dinero del cobro y que con nuestro sistema completo no podía, puesto que el dinero va a una cuenta recaudadora pública”.
En este contexto, y ante su denuncia, Quinteros argumentó este martes que la presentación ante la Justicia tiene como objetivo que «se investigue la posible comisión del delito de Defraudación por Retención Indebida por parte de la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento medido, ya que luego de rescindido el contrato -el Concejo Deliberante por ordenanza también facultó al DEM a intimar a la empresa para la devolución de los saldos a favor de los usuarios-, MovyPark no solamente no precedió a su devolución sino que anunció que accionará judicialmente contra el municipio capitalino».
El edil vecinalista puso el acento en los dichos de quienes proveían el software, que dejaron en evidencia la posible intervención del concesionario, a quien la Municipalidad de Córdoba le adjudicó el servicio, «en negocios financieros con fondos debidamente cobrados«, señaló.
En este sentido, Quinteros enfatizó: «De comprobarse estos hechos ese también habría sido el destino del dinero que, a casi 6 meses de caído el sistema, no fue devuelto a los usuario y continúa en poder de MovyPark».
Y completó: «También resulta llamativo que, pese a haber formulado pedidos de informes, desde el Departamento Ejecutivo Municipal, sea prácticamente nula la información suministrada a los vecinos de Córdoba que preguntan qué pasó con su plata».
Por último, el representante de Encuentro Vecinal Córdoba en el Concejo Deliberante consideró que no se puede permitir que «a una empresa a la que le adjudicaron el sistema de estacionamiento medido, de la noche a la mañana dejen de cumplir sus obligaciones y se lleve el dinero de los vecinos de Córdoba sin que nadie haga nada en defensa de los usuarios”.