Córdoba (24/9/20). Para ello los integrantes de la bancada UCR impulsan la aprobación de un proyecto de ley que crea en el seno de la Unicameral una comisión especial que de seguimiento a las presuntas violaciones de derechos humanos y garantías constitucionales, y a hechos de violencia institucional.
A través de un proyecto de ley que ingresó en los últimos días en la Unicameral, los legisladores Marcelo Cossar y Verónica Garade Panetta (UCR) promueven la creación de una Comisión Provincial de Investigación de los Delitos cometidos por el Estado durante la Cuarentena (COPIDEC). Esta iniciativa cosechó el respaldo de sus pares de bancada: Benigno Rins, Dante Rossi y Marisa Carrillo.
Según la iniciativa opositora, esa comisión tendrá como propósito dar seguimiento a las presuntas violaciones de derechos humanos y garantías constitucionales, y a hechos de violencia institucional cometidos por personal de organismos de seguridad en el territorio provincial en el marco de las medidas del aislamiento social y obligatorio establecidas por el Ejecutivo Nacional, y de las normas de emergencia sancionadas en consecuencia por el Estado provincial.
La propuesta surgida desde el seno del bloque UCR está inspirada en un proyecto de ley de similares características presentado por el diputado nacional Fernando Iglesias (PRO-JxC), por el cual se solicita la creación de un organismo parlamentario que preste debida atención al «inusitado crecimiento de hechos de violencia institucional y de excesos» por parte de diferentes fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional.
En el marco del contexto nacional y local, los autores de la iniciativa afirmaron -en sus fundamentos- que «la pandemia ha sido utilizada como pretexto para inmovilizar y desplazar la centralidad política de los parlamentos, limitar los mecanismos de control y rendición de cuentas, y para recortar la independencia del Poder Judicial«.
Estos avances contra la institucionalidad se trasladaron también «al ejercicio de nuestros derechos y libertades cotidianas más básicas», advirtieron los radicales al hacer hincapié en las restricciones para el encuentro con familiares y para desplazarse por el territorio.
«En el camino, hemos visto personas que han sido privadas de la posibilidad de despedirse de sus seres más próximos y queridos», cuestionaron los parlamentarios, al tiempo que manifestaron que ante las escuelas cerradas «no hay pistas acerca de la política educativa del gobierno con respecto a los aprendizajes perdidos».
Por último, Cossar y Garade Panetta calificaron como «alarmante derivación» de este «eterno e injustificable estado de excepción permanente» al crecimiento de hechos de violencia institucional y de violaciones a los derechos humanos más básicos en todo el territorio nacional, enmarcados en el crecimiento de las facultades de los organismos de seguridad nacional y de las provincias.
Así se refirieron al avance de los diferentes organismos y fuerzas de seguridad sobre las libertades individuales, en muchos casos incurriendo en flagrantes violaciones a los derechos y garantías individuales.
En este sentido, los radicales enfatizaron que «la Provincia de Córdoba no ha estado al margen de estos excesos«. «Antes, durante y después de esos episodios (en alusión al caso Blas Correas y el de un joven en el Barrio La Brigada de Bell Ville) se registraron centenares de casos de violencia, apremios, discriminación, abuso y otros tipos de limitaciones a los derechos y garantías por parte de las fuerzas de seguridad que operan en el territorio provincial», puntualizaron.
Al defender su propuesta, los opositores remarcaron que esta comisión especial constituye «una contribución mayor al esclarecimiento de estos hechos aberrantes y la mejor herramienta para que nunca más vuelvan a repetirse».
Atribuciones
Entre las funciones de la COPIDEC, según se advierte en el texto del proyecto de ley, se destacan: recibir denuncias y pruebas sobre los hechos que configuren los delitos vinculados a las violaciones de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, y establecer un canal permanente para la recepción de denuncias de los damnificados o de terceros.
Asimismo, se le atribuye a la comisión el poder tomar declaraciones testimoniales y requerir la presentación de documentos relacionados con el objeto de este ámbito parlamentario a todos los organismos del Estado y funcionarios públicos. Esto incluye expedientes de causas judiciales en trámite y pruebas documentales en poder de la Justicia.
Además de remitir, de ser necesario, informes y pruebas a la justicia provincial, nacional y a organismos internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos; elaborar informes parciales y un informe final del trabajo llevado adelante, y elevar recomendaciones al Poder Ejecutivo Provincial.