País (28/9/20). La ministra de Mujeres, Género y Diversidad confirmó que hace tres meses le envió una carta a Carlos Rosenkrantz, titular del máximo tribunal, advirtiéndole sobre la obligación legal que tienen de capacitarse y aún no obtuvo respuesta. La Corte Suprema salió a responder.
La ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló hoy que aunque «nadie discute las políticas de género» que llevan adelante los diferentes organismos estatales, «la única máxima autoridad que aún no cumplió con la Ley Micaela es la Corte Suprema».
«El 10 de enero, el presidente Alberto Fernández se capacitó con todo el Gabinete. En marzo, se hizo con senadores, en mayo con diputados. Intentamos hacerlo con la Corte Suprema y, frente a la falta de respuestas, el 23 de junio le mandé yo una carta al presidente Carlos Rosenkrantz», explicó la ministra en diálogo con radio Continental.
«Le dije que era una obligación el tener que capacitarlos, pasaron tres meses de esa nota y de la obligación legal que tienen de capacitarse no tuvimos respuesta», remarcó Gómez Alcorta.
El viernes último, Fernández sostuvo en un acto que la Ley Micaela permite a quienes se capacitan «deconstruirse para entender los efectos nocivos de la violencia de género».
A su vez, el mandatario nacional expresó su «preocupación» porque, en el Estado federal, «el Poder Ejecutivo y Legislativo la aplican pero, lamentablemente, el Poder Judicial no».
Durante la presentación del programa Acompañar, enmarcado en un Plan Nacional de lucha contra la violencia de género, el titular del Ejecutivo nacional dijo que «si no entienden la dimensión del problema y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un problema».
Respuesta de la Corte
Por esas declaraciones, la Corte Suprema publicó un comunicado en el que afirmó que «lidera desde el año 2010 la capacitación en perspectiva de género en el Poder Judicial».
Además, recordó que el máximo tribunal creó la Oficina de la Mujer y un «modelo ejemplar de atención a víctimas de violencia a nivel mundial, a través de la Oficina de Violencia Doméstica que funciona desde el año 2008».
«Es cierto que el Poder Judicial hace muchos años tiene una política de género. Eso está fuera de la discusión», dijo Gómez Alcorta, pero recordó que «la Ley Micaela obliga a las máximas autoridades de los tres poderes a que los capacite el ministerio de las Mujeres».
