Ciudad de Córdoba (2/10/20). La Capital cordobesa ya cuenta con el primer Juzgado de Faltas Ambiental del país.
Este juzgado tiene como materia exclusiva y específica de acción la resolución de conflictos que tengan como eje la cuestión ambiental en la ciudad de Córdoba.
El anuncio de su creación lo hizo el intendente Martín Llaryora, el 5 de junio pasado, en coincidencia con el día del Ambiente, pero su puesta en funcionamiento se vio demorada debido al receso administrativo dictado por la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de coronavirus.
La sede del flamante juzgado que ya funciona en la Ciudad está ubicada en el Jardín Botánico y, su accionar, resulta fundamental para ejercer una función de prevención en materia de daño ambiental y en su caso, para aplicar sanciones a quien o quienes lo provoquen.
Dando así cumplimiento al mandato constitucional (artículo 41 Constitución Nacional, replicado en el artículo 66 de Constitución de Córdoba y en el artículo 28 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba) para preservar, conservar y asegurar un ambiente sustentable para todos, concientizando sobre su cuidado.
Este Juzgado está a cargo de Carolina De Lourdes Quintero (Jueza de Faltas), y de la Secretaría, Luciana Pignata, quienes rindieron sus respectivos concursos, cumplimentando así el requisito fundamental de especialización e idoneidad en materia ambiental. Ambas funcionarias venían prestando su servicio en la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.
Desde el municipio se destacó que la posibilidad de contar con un tribunal que se aboque exclusivamente a la resolución de cuestiones ambientales «va redundar en beneficios para el ambiente, pudiendo encontrar en sus fallos el equilibrio con el desarrollo productivo y la posibilidad de los jueces de focalizar su estudio y experiencia en un tema tan importante para la sociedad, resolviendo con mayor idoneidad en la materia».
La falta de concentración y especialización de la protección se puede ver en los números. En el año 2019, en un total de 424.752 infracciones, sólo 4.038 fueron ambientales (0,95%); en este año al mes de agosto de las 88.456 infracciones, solo 693 fueron ambientales (0,78%).
Esto da cuenta, por un lado, de la gran falencia en el control, juzgamiento y sanción; y por el otro, el deber del Estado de cambiar la tendencia. Con la creación del Juzgado Ambiental «estos números comenzarían a cambiar, pero no sólo por la tarea de la magistrada sino por el trabajo conjunto con otras áreas especializadas de la Municipalidad», se indicó desde el Palacio 6 de Julio.
En este sentido, la gestión Llaryora advirtió que entre los órganos abocados a esta labor, surgen como nueva figura la de los Promotores de Convivencia, de los cuales un equipo de cinco miembros capacitados y especializados en la materia, prestarán sus servicios en las distintas campañas que se desarrollen y en las distintas causas que surjan.