País (23/10/20). El nucleo duro K acelera el debate en la Cámara baja del Congreso, lo que suma tensión entre el Frente de Todos y la principal bancada opositora de Juntos por el Cambio.
Ante la catástrofe producida por los incendios en la Argentina que ya arrasaron 900.000 hectáreas de superficie, el kirchnerismo en el Frente de Todos quiere poner el pie en el acelerador y sacar dictamen la semana que viene al proyecto de ley que impulsa Máximo Kirchner para detener el ecocidio que el país sufre año tras año.
La iniciativa del jefe de la bancada oficialista no sólo cosechó el respaldo de un grupo de pares del Frente de Todos, sino también recibió el apoyo de de parlamentarios de otros bloques aliados: Eduardo Bali Bucca (bloque Justicialista), José Luis Ramón (bloque Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (bloque Frente de la Concordia Misionero), Graciela Camaño (bloque Consenso Federal) y Luis Di Giacomo (bloque Juntos Somos Rio Negro), rubricaron el proyecto como cofirmantes.
El proyecto de ley de “Protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios» implica una reforma a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, por la que se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios. Estos cambios implican cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego, se advierte en el texto.
Al respecto, uno de los incisos indica la prohibición de la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.
La iniciativa K busca que dichas disposiciones se extiendan por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.
Además, en el caso de tratarse de bosque nativos, estas prohibiciones podrán ser extendidas por más tiempo de acuerdo a lo que indique el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de cada provincia.
Al rechazar el proyecto K, la Sociedad Rural, en pie de guerra, denuncia un ataque directo a la propiedad privada, y Juntos por el Cambio se puso en guardia para resistir lo que consideran una «herramienta ineficaz».
Si no fuera porque el presidente de la comisión de recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso (Frente de Todos), quedó varado en Bolivia, hasta dónde había llegado como veedor del proceso electoral que culminó con el triunfo del MAS, la iniciativa probablemente ya tendría dictamen favorable, ya que hay consenso mayoritario.
Quieren seguir haciendo del fuego una herramienta de negocios. Juntos por el Cambio es el único bloque de Diputados que no apoya el proyecto de modificación a la Ley de Fuego. Su posicionamiento no es contra el @FrenteDeTodos, es contra la preservación del ambiente de todxs.
— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) October 22, 2020
Con viento a favor, el oficialismo dará la puntada final la semana que viene, si bien Grosso aún no formalizó la convocatoria a la reunión de comisión.
No está dicha la última palabra y todavía hay posibilidades de moderar el texto, dado que hay algunas dudas sobre la viabilidad en la implementación de la iniciativa.
En diálogo con NA, la diputada kirchnerista Daniela Vilar, una de las legisladoras que Máximo Kirchner designó como voceras para defender públicamente la iniciativa, argumentó que la aplicación de la ley es posible a partir del cruce de imágenes satelitales que provee la CONAE con información de catastro se pueden monitorear los incendios de todo el país.
La vicepresidenta de la comisión de Recursos Naturales, Brenda Austin (UCR), es dentro de Juntos por el Cambio la más activa en la temática y viene pensando y elaborando alternativas para hacer frente al flagelo de los incendios.
En declaraciones a Noticias Argentinas, la radical alertó que el Gobierno no tiene una «política ambiental congruente» ya que por ejemplo impulsa un recorte de fondos para el sistema nacional de Manejo del Fuego en el proyecto de Presupuesto 2021, a la vez que promueve un «desfinanciamiento de la Ley de Bosques y un congelamiento de las partidas para áreas protegidas y Parques Nacionales».
La diputada cordobesa considera que el proyecto del oficialismo es «una herramienta ineficaz» porque «legisla sobre las cenizas» y no carga las tintas en la prevención.
En ese sentido, presentó un proyecto para actualizar el Código Penal con un capítulo completo dedicado a delitos ambientales, y por otro lado una iniciativa para crear un «piso presupuestario mínimo» para el combate al fuego que elevaría sustancialmente los recursos del Estado a esta finalidad.
Con respecto a la regulación de 30 años que regiría sobre el uso del suelo en pastizales o tierras agrícolas después de un incendio, Austin entiende que «tiene aspectos de difícil cumplimiento» porque los efectos no sólo recaerían sobre quienes han provocado intencionalmente la quema, sino también sobre personas que han sufrido un incendio no intencional en sus tierras.
Al respecto, Vilar dio otra visión al explicar que «la enorme mayoría de los incendios son provocados por acción humana, en algunos casos por negligencia y en muchos otros casos (la mayoría) de manera intencional».
«Por otro lado, no estamos intentando legislar sobre las causas de los incendios. Estamos intentando evitar la generación de incendios intencionales con fines especulativos y garantizar un período de tiempo suficiente para que esos suelos puedan restaurarse y recuperar su biodiversidad», acentuó la legisladora kirchnerista.
La integrante de la bancada oficialista rechazó de forma tajante que la norma propuesta apunte a «prohibir el uso de la propiedad privada como ellos quieren instalar», o que sea «confiscatorio».