Radicales impulsan por ley un régimen de buen gobierno en las empresas del Estado

País (9/11/20). El conjunto de las empresas con participación del Estado tienen un gasto estimado de $861.712 millones y arrojan un déficit financiero de $31.886 millones. La iniciativa de legisladores de la UCR busca fortalecer la gobernanza de dichas compañías, incrementar su competitividad y que puedan brindar servicios más eficientes para los ciudadanos.

A través de un poryecto de ley, los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, junto a la senadora nacional Pamela Verasay (UCR), impulsan un régimen de «Buen Gobierno y Gestión» para las empresas con participación estatal mayoritaria.

De esta manera se busca introducir mejoras en los estándares de prácticas, procesos y estructuras a partir de los cuales se dirigen y controlan las empresas públicas del país.

Con la iniciativa se propone fortalecer la gobernanza de las empresas estatales, incrementar su competitividad y que puedan brindar servicios más eficientes para los ciudadanos.

Se implementará a través de distintos ejes como la transparencia en el manejo de la información, la rendición de cuentas, el establecimiento de un código de conducta y la necesidad de contar con una política de sustentabilidad para elevar estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

En cuanto a los directores y gerentes, deberán cumplir con la calificación apropiada para ocupar sus cargos, no poseer condenas por delitos y se deberá cumplir con el cupo femenino mínimo de 50%para garantizar la paridad de género en el directorio, entre otras medidas.

Las empresas con participación estatal mayoritaria incluye a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Existen en la actualidad 36 grupos empresarios donde tiene el control y una participación total o mayoritaria el Estado argentino. Según el presupuesto nacional 2021, el conjunto de estas empresas administra $829.826 millones, con un gasto estimado de $861.712 millones, arrojando un déficit financiero de $31.886 millones.

“El escenario económico, político y social actual demanda en forma permanente actualizaciones que posibiliten y acompañen transformaciones en las estructuras empresariales, permitiéndole a nuestras empresas y en consecuencia a nuestro país mejorar su competitividad aún en tiempos de crisis», destacó la diputada Latorre.

En este sentido, afirmó que «las empresas públicas pueden contribuir al crecimiento del país, administradas con profesionalismo y transparencia, brindando los mejores servicios e infraestructura posibles”.

Por su parte, Cornejo expresó que “durante los últimos años nuestro país ha hecho un gran esfuerzo legislativo e institucional por reducir los niveles de corrupción, elevar los estándares de transparencia y control y reducir los niveles de opacidad en la administración pública».

Por ello, aseguró que es necesario «avanzar hacia mejoras superadoras en la organización de las empresas del estado, a partir de la aprobación de una ley nacional que establezca un régimen de buen gobierno».

«La gestión de este tipo de empresas define un modelo de país, la transparencia y la gobernanza con la que se administren sus recursos y sus planes estratégicos impactan en la salud y las condiciones de vida de millones de argentinos», advirtieron los autores de la iniciativa.

El proyecto de ley de invita a las provincias a adoptar este modelo de gestión en sus empresas.