Ciudad de Córdoba (24/11/20). Cuatro concejales de la oposición impulsan un proyecto de ordenanza que introduce cambios al Estatuto del Empleado Municipal. También buscan modificar el Código de Ética Municipal acerca de las condiciones que deben acreditar los funcionarios públicos. Una de las líneas de reformas guarda relación con la perspectiva de género.
La iniciativa del concejal Juan Pablo Quinteros (EVC), que contó con el aporte y acompañamiento de la edila Olga Riutort (FdG) y los juecistas Ricardo Aizpeolea y Armando Fernandez (CC), tomó estado parlamentario, en la última sesión del viernes del Concejo Deliberante.
«La probidad, decoro y buena conducta son condiciones personales que todo funcionario público, más allá del cargo en el que se encuentren, deben acreditar en forma constante a los vecinos de la ciudad», destacó el edil vecinalista a la hora de fundamentar su proyecto que fija dos líneas de reformas según las ordenanzas que se busca modificar.
En relación a la ordenanza 7.244 (Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal), se propone incorporar tres ítem al artículo 45 que establece las prohibiciones de los agentes municipales en su funciones:
- “Dañar o destruir parcial o totalmente de manera dolosa los bienes de cualquier naturaleza (mueble, inmueble, material, tecnológico) del patrimonio municipal”.
- “Realizar cualquier tipo de acto discriminatorio por razones de religión, nacionalidad, opinión, sexo, orientación sexual, género, aprovechamiento de posición dominante de cualquier índole, cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
- “Incumplir las disposiciones dispuestas por ordenanza, reglamentación y/o directivas de autoridad superior para la prestación de tareas mediante la modalidad de teletrabajo, trabajo remoto o realizado fuera del ámbito municipal”.
A su vez, se busca introducir el artículo 54 Bis a la mencionada ordenanza, lo que configura una innovadora mirada en materia de género en consonancia con los presupuestos de la justicia reparadora enfocada en la víctima de hechos de violencia de género:
“En caso de cesantía o exoneración de un agente motivada en causas vinculadas al ejercicio de violencia de género, la víctima que acredite ser cónyuge o conviviente, o la persona que acredite dependencia económica de aquel, tendrá derecho a ser nombrada, en un cargo vacante de la categoría inferior de la rama correspondiente a la especialidad y condiciones que poseía el agente cesanteado o exonerado, siempre que acredite conocimiento acordes a esa rama y demás requisitos necesarios para el ingreso”.
Los autores del proyecto argumentaron que este último artículo que plantean incorporar tiene su antecedente en la ordenanza 6.305 de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, sancionada en el mes de enero de este año.
Funcionarios
Por otro lado, la iniciativa opositora persigue el objetivo de actualizar el Código de Ética Municipal. En este sentido, se suman algunos conceptos en cuanto a los requisitos para el ingreso a la función pública.
Los ediles proponen un nuevo texto al artículo 1 de la ordenanza 10.754 que indica: «Acreditar, con el ingreso a su cargo, antecedentes de buena conducta, informe del Registro Nacional de Reincidencia, certificado de no encontrarse en el registro de morosos de obligaciones alimentarias y no ser demandado en procesos fiscales por parte de la Municipalidad”.
“Hemos presentado un proyecto que tiende a modificar ordenanzas vigentes apuntando a nuevas modalidades de trabajo y fundamentalmente a incorporar la perspectiva de género en un estatuto de personal que tiene 36 años de existencia», afirmó Quinteros.
El concejal vecinalista consideró que «los cambios propuestos, lejos del efecto marketinero que pretendió darle el oficialismo en sus profusamente difundidas modificaciones bajo el pomposo anuncio de ‘endurecer sanciones’, se ajustan a situaciones que deben ser atendidas de manera inmediata«.
«Esperamos contar con el apoyo del oficialismo y que sus acciones, particularmente con las sanciones previstas en el estatuto no sean simplemente una bomba de humo o, mucho más grave, un motivo de presión a la hora de negociar en el conflicto que mantienen con los trabajadores”, enfatizó el opositor.