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Impulsan suspensión temporal de la caducidad de la personería de los partidos de cara a las elecciones 2021

Autoridades del Ministerio del Interior con apoderados de partidos politicos nacionales.

País. Este proyecto de ley del Ejecutivo nacional ya ingresó al Congreso para su tratamiento y aprobación. Es a raíz del impacto de la pandemia de coronavirus. Esto permitirá garantizar la participación y la representatividad de todas las fuerzas políticas en las elecciones nacionales del 2021.

El presidente Alberto Fernández envió al Congreso Nacional un proyecto para suspender temporalmente la aplicación de las causales de caducidad a los partidos políticos de todo el país que vieron afectadas las posibilidades de cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, a raíz de la pandemia de coronavirus.

La medida fue una preocupación expresada de manera unánime por los apoderados de partidos nacionales y provinciales durante las rondas de consulta realizadas por la Secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco y la Directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, ambas funcionarias del Ministerio del Interior que dirige Wado de Pedro.

Durante la jornada de ayer, las funcionarias realizaron una videoconferencia con los apoderados partidarios para anunciar los alcances del proyecto de ley que ya fue girado al Parlamento.

“Nos comunicamos con los apoderados y apoderadas de los partidos políticos del orden nacional donde le comentamos que se envió al Congreso de la Nación el proyecto para suspender las caducidades de afiliaciones y autoridades de partidos políticos, así como también la sanción por la no utilización de los fondos para capacitación”, precisó García Blanco.

Por su parte, Diana Quido consideró que la iniciativa es “muy importante y fue bien recibida por los apoderados y apoderadas de los partidos políticos porque les va a permitir garantizar la participación y la representatividad de todas las fuerzas políticas en las elecciones nacionales del 2021”. 

Durante esas reuniones realizadas a lo largo de todo el año, los representantes legales partidarios habían expresado preocupación por las dificultades que tuvieron sus fuerzas políticas para cumplir con todos los compromisos establecidos en esa ley, producto de las medidas de aislamiento aplicadas por la emergencia sanitaria.

De esta forma, «el Gobierno nacional ratifica su compromiso para que todas las agrupaciones políticas, nacionales y provinciales, participen en el proceso eleccionario del año próximo, prorrogando por 12 meses el cumplimiento de las obligaciones normativas», se remarcó desde la cartera del Interior.

El presidente de la Nación incluyó esta iniciativa en el temario de proyectos a tratar por el Congreso en sesiones extraordinarias. Se trata de la modificación hasta el 31 de diciembre de 2021 de los incisos A y E del artículo 50 de la Ley 23.298 que plantean que son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos la no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro años y la no mantención de la afiliación mínima prevista por los artículos 7 y 7 ter (un número no inferior al cuatro por mil del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón).

Asimismo, el proyecto establece también la suspensión de la sanción prevista ante el incumplimiento de la obligación de destinar el 20% de los fondos recibidos en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública establecida en el artículo 12 de la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos.

En este punto, la iniciativa del Ejecutivo precisa que los recursos recibidos en 2020 para capacitaciones, deberán ejecutarse con ese mismo fin durante el año próximo.

Estas modificaciones contemplan las complicaciones provocadas a la actividad política producto de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al coronavirus COVID-19 y la emergencia sanitaria declarada en la Argentina.

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