País. Con 42 votos afirmativos del oficialismo contra 26 negativos de la oposición, el Senado sancionó esta noche la ley que establece un «Aporte Solidario y Extraordinario» para enfrentar la pandemia. Rechazo de Juntos por el Cambio.
La bancada de senadores nacionales del Frente de Todos aprobó en la noche de este viernes la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para personas con patrimonios desde los $200 millones y con el que se espera recaudar más de $300 mil millones.
El proyecto impulsado por el núcleo duro del kirchnerismo fue aprobado con 42 votos a favor y 26 en contra, tras un debate de cinco horas en el que el oficialismo defendió el carácter excepcional del tributo y el objetivo de atender problemas económicos y sociales derivados de la pandemia y la oposición sostuvo que «atenta contra la inversión» y advirtió que será judicializado.
El llamado «impuesto a la riqueza», impulsado por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y su colega Carlos Heller, establece un aporte por única vez que deberán pagar las personas con patrimonios superiores a los $200 millones, unas 11.855 personas según la última estimación de la AFIP.
En el inicio del debate, el senador por Córdoba Carlos Caserio (Frente de Todos) argumentó que «se trata de un aporte único, por única vez» y que «estamos saliendo de esta pandemia como se sale de las guerras mundiales con miles y miles de muertos y con economías devastadas».
El peronista cordobés subrayó que «el Estado hizo una gran inversión para estar preparado para la emergencia. Compramos respiradores, hicimos hospitales, ayudamos a gobernadores».
En una férrea defensa de la administración Fernández, Caserio dijo que «el Presidente también se ocupó del aparato productivo. Las críticas no son justas, porque si el Estado no hubiese puesto el ATP hoy muchas empresas no hubieran podido cobrar sus sueldos».
Al referirse a la iniciativa K, el parlamentario oficialista señaló que «es un aporte, obligatorio porque es una ley, pero de buen modo. Destinado a las personas humanas y no a las empresas, por el total de los bienes que tengan en el país o en el exterior o bien para las personas humanas que vivan en el exterior y pagan bienes personales aquí o vivan en países con baja tributación. Afecta a las fortunas mayores a los 200 millones de pesos».
Aclaró que «esto no significa un aporte extraordinario. Grava a la totalidad del patrimonio. La alícuota que se va a aplicar es para bienes en el país, del 1 al 3 por ciento. Para bienes en el exterior es del 2 al 5 por ciento». También dijo que «los argentinos tienen que quedarse tranquilos porque el destino de la recaudación tiene fines específicos«.
Según el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el 20 por ciento de la recaudación sería para gastos de la pandemia; 20 por ciento para subsidios a pequeñas y medianas empresas; 20 por ciento para becas progresar; 15 por ciento para barrios populares y 25 por ciento para programas y proyectos de producción de gas natural.
Caserio resaltó que «esta ley va a resultar un gran impulso para la economía argentina» e indicó que «la ley contempla un universo que va entre los 11 mil y los 12 mil contribuyentes».
Al expresar el rechazo de Juntos por el Cambio, el senador por la CABA Martín Lousteau afirmó que «esto no es un aporte, es un impuesto«. «Si todos los destinos que tendrá la recaudación de este impuesto son tan importantes, ¿por qué se les da por una única vez? Si hay algo que hizo el Estado de Bienestar es no tener que depender de la solidaridad», acentuó.
El radical porteño enfatizó que hay otros mecanismos para lograr una recaudación similar a la que se pretenda con el proyecto en debate. «Si eliminamos por dos años regímenes de jubilación especial o de privilegio llegamos a la misma cifra. Con cinco mandatos de la reforma judicial que aprobaron recientemente llegamos a un monto similar».
«Con tres años de las ganancias de las mutuales, abusadas por las financieras, entre ellas el banco de uno de los autores de esta iniciativa, también recaudamos un cifra similar», añadió.
Por último, Lousteau criticó el proyecto K por que contempla el patrimonio neto y no así los pasivos de los empresarios. Definió al aporte como «confiscatorio, no grava al que está en negro, no grava lo ilegal, no grava el dinero de la corrupción«.
En los discursos de cierre a cargo de los jefes de las bancadas, el senador por Formosa Luis Naidenoff (UCR-JxC) aseveró que «el mayor daño que se produjo en la pandemia fue haber alargado la cuarentena y esperando que a partir del encierro se combatiría el virus y vendría la recuperación inmediata».
Al tiempo que sostuvo que «no hay sector productivo que no haya sido afectado por las medidas que tomó el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando se reclamaba mayor apertura, señaló a esos sectores por los posibles contagios masivos. Ahora sobrevinieron concursos de quiebra masivos».
Al cuestionar el proyecto K, el radical manifestó que «están compensando la realidad con un relato épico. Saben que este proyecto termina en nada. Entiendo la historia de los relatos para la tribuna, pero esto es un engaño«.
Naidenoff afirmó que «el oficialismo tiene un prejuicio ideológico con este proyecto. Prejuicio que ya cometieron con la resolución 125».
Por el bloque oficialista del Frente de Todos, habló la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. Al sostener que «el proyecto es un aporte extraordinario», la legisladora kirchnerista destacó que «lo recaudado por el aporte va a ir a la producción».
Comentó que «Brasil, Uruguay y España tienen mayor presión fiscal que la existente en la República Argentina». En esta línea, se preguntó «cómo es posible que este Congreso no vote por unanimidad una ayuda extraordinaria de quienes más tienen«.
