Córdoba/País. El Foro Empresario de la Región Centro advirtió sobre la
modificación de la ley 26.815 sobre el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que fue aprobada el jueves pasado en el Congreso.
La ley 26.815 sancionada a fines de 2012 fue concebida para ser aplicada a las acciones y operaciones de prevención, supresión y combate de incendios forestales y rurales, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales y humedales.
En dicha norma se determina que el responsable del daño ambiental, que produzca quemas o desarrolle actividades prohibidas, tendrá la obligación de recomponer y adoptar las medidas de reparación, sin perjuicio de las sanciones y demás responsabilidades que le pudieran corresponder.
Asimismo, en un agregado introducido a dicha ley en 2017 se incorporó el artículo 22bis, que estableció que “en caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”.
Apartándose totalmente de ese marco, la nueva modificación prohíbe por el término de 30 años desde su extinción, cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio. Y, más aún, dicha prohibición se aplicará independientemente de que se trate de un incendio provocado o uno accidental.
«Esto implica que el propietario de un campo dedicado a la producción agropecuaria, que hubiese sido víctima de un atentado o sabotaje, o que hubiese sufrido la quema de sus terrenos por un siniestro producido en su zona, por un hecho fortuito o por dolo de un tercero, no puede disponer del uso de su predio y lo mismo quien lo recibiera por compra o arrendamiento», advirtió el Foro.
En este sentido, afirmó que «esto significa un cercenamiento del derecho de propiedad aún sin haber tenido responsabilidad alguna en la causa que provocó el siniestro».
En su pronunciamiento, el Foro Empresario de la Región Centro alertó de esta situación para que «los legisladores adviertan el grave daño que provoca la modificación en los derechos constitucionales y en la producción agropecuaria».
