País. Además, la bancada del Frente de Todos avanzó en la media sanción del proyecto que modifica el cálculo de la movilidad de los haberes previsionales.
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, en una sesión especial en la que la bancada opositora ratificó que la norma será denunciada ante la Justicia por considerarla irregular.
La nueva norma, aprobada por 40 votos contra 25, estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el monto a destinar para la policía porteña, modificación acordada en la Cámara de Diputados.
La senadora María de los Angeles Sacnún (FdT) advirtió que la oposición plantea «permanentemente una judicialización de las leyes» y consideró que hay quienes pretenden «socavar» al sistema republicano en lo que parece, dijo, «una democracia de los jueces».
En su discurso, la oficialista dijo que se está yendo a una «democracia de los jueces» en la que «no importan las atribuciones de los poderes, total siempre hay un juez amigo que tira por el piso las definiciones que tiene que tomar uno de los poderes del Estado».
Para su par de bancada, Mariano Recalde, no se trata de «quita ni de coparticipación» sino que lo que se busca «es corregir y enmendar» una «inequidad» y «algo que se hizo mal» y acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de ser «cínico» por querer «echarle la culpa al Gobierno nacional de las políticas liberales».
Por su parte, el senador Oscar Parrilli (FdT) consideró que Macri «hizo un uso autoritario del poder» al reasignarle fondos a la Ciudad y aseguró que las autoridades porteñas «se llevaron fondos demás» y se beneficiaron «con privilegios» que «ofenden a los argentinos».
Rechazo opositor
Como miembro informante de la oposición, la senadora Guadalupe Tagliaferri (JxC), cuestionó el trato a los porteños por parte del Gobierno central y calificó como «peligroso» que se cuestione «la autonomía» de un distrito como la Ciudad de Buenos Aires.
Tagliaferri criticó a senadores del oficialismo que durante el debate en comisiones «hicieron especulaciones políticas electorales» y advirtió que «han llegado a decir que la Ciudad no es una provincia, sino una aberración jurídica».
En los discursos de cierre, el senador radical Martín Lousteau (JxC), consideró que el presidente Alberto Fernández «modificó la ley de coparticipación sacándole recursos a un distrito para darselos a otro», tras la protesta de la policía bonaerense en reclamo de mejores salarios.
Lousteau reconoció que la provincia de Buenos Aires es de las más «relegadas» en cuanto a redistribución de fondos, pero señaló que fueron mandatarios «del peronismo los responsables» de esa inequidad, y afirmó que lo que «buscan es complicarle la vida» a un eventual «competidor político» como Rodríguez Larreta.
El senador Esteban Bullrich (PRO-JxC), retrucó los dichos de Sacnún y consideró que lo que se judicializa «es el abuso de la mayoría» y ratificó que irán «a la Justicia» porque creen «en la independencia de poderes».
Su par Gladys González recriminó al oficialismo «su forma de ejercer el poder» mediante «el miedo y la extorsión» y se quejó por «la falta de diálogo» y la acentuación de «la grieta» que, afirmó, promueve el Frente de Todos.
Movilidad jubilatoria
Por otro lado, el oficialismo avanzó en la noche del jueves en la media sanción del proyecto que modifica el cálculo de la movilidad de los haberes previsionales y lo giró a la Cámara de Diputados.
Con 41 votos a favor y 26 en contra la Cámara alta aprobó el proyecto que modifica la ley de movilidad jubilatoria y establece que los aumentos se calcularán en base al índice de variación salarial (RIPTE) y a la recaudación de la Anses.
La directora de la Anses, Fernanda Raverta, estuvo presente en uno de los palcos para presenciar la votación y al término de la sesión afirmó que la nueva fórmula «logrará que los haberes de los jubilados y las jubiladas aumenten por encima de la inflación y les permitirá mejorar su calidad de vida».
Se trata de un cálculo de movilidad similar al que funcionó entre 2008 y 2017 y reemplazará al cálculo que contemplaba el RIPTE y el índice de inflación, el cual fue impulsado por la gestión de Mauricio Macri y suspendido en diciembre pasado por el presidente Alberto Fernández.
La bancada del Frente de Todos defendió el proyecto y afirmó que la fórmula que se aplicará «ya demostró que funciona bien» al tiempo que cuestionó a la gestión anterior por el «déficit» generado en el sistema previsional, mientras que Juntos por el Cambio calificó el proyecto como un «ajuste sobre los jubilados».
Además, los senadores oficialistas defendieron las modificaciones que le hicieron al proyecto del Ejecutivo al llegar al Senado: la primera fue para que el aumento del 5% otorgado en diciembre no sea a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021 y la otra para que la actualización sea trimestral y no semestral, como se preveía originalmente.
«Le estamos dando respuesta a una necesidad concreta de nuestros jubilados y jubiladas, aportándole sostenibilidad al sistema», afirmó el senador por La Pampa, Daniel Lovera (FdT) y agregó, «los cambios de la fórmula de cálculo del haber son indispensables para reparar los daños que ocasionó el gobierno de Cambiemos y es lo que hemos debatido y consensuado».
A su turno, el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, subrayó que «esta fórmula ya demostró que es exitosa y que funcionó en benefició de los jubilados, los pensionados y todos los que están en la Anses».
El formoseño señaló que el nuevo cálculo «además tiene que acompañar a la economía» porque la gestión anterior, según remarcó, dejó «un sistema previsional quebrado».
Por su parte, su par del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sostuvo que el oficialismo «no tienen cómo disimular que el ajuste pasó totalmente por los jubilados» y agregó que el Estado tuvo un «ahorro de 89.700 millones de pesos suspendiendo la movilidad» anterior.
En tanto, la santacruceña María Belén Tapia (Junos por el Cambio) señaló que la nueva fórmula «utiliza los ingresos fiscales y los salarios, dos elementos que no garantizan el poder adquisitivo de los jubilados«.
