País. El ministro de Salud aseguró este lunes que el proyecto de IVE tendrá «un resultado inmediato» sobre la mortalidad materna y explicó las inequidades que existen en torno a la cuestión en el país. Por su parte, el titular del bloque oficialista, José Mayans, destacó: “No estamos conformes con la presentación de la ley, no estamos conformes con las explicaciones y argumentos que dieron los ministros”.
El Senado de la Nación inició hoy el tratamiento del proyecto de ley de Interupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en un plenario de comisiones con la presencia del ministro de Salud Ginéz González García y su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Durante el plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer -cuya titular la senadora por La Pampa, Norma Durango (Frente de Todos) presidió el debate-, de Justicia y Asuntos Penales, y de Salud, los tres funcionarios expusieron detalles de la norma, que continuará tratándose mañana y el miércoles de 10 a 13 y 15 a 18 recibiendo las exposiciones de varios especialistas que tienen posturas a favor o en contra de la polémica iniciativa.
El ministro González García señaló que “el objetivo de este proyecto de ley está claro: primero tenemos que hacer prevención y si sucede que tenga menores consecuencias. Otro eje es la justicia social y el tercer tema es estrictamente de salud pública y sus consecuencias”.
“Desde la prevención, el proyecto intenta y lo hace con efecto inmediato disminuir la mortalidad materna y la morbilidad”, afirmó el titular de la cartera sanitaria antes de aclarar que actualmente “tenemos 11 métodos de prevención, hay varios programas en ese sentido y contamos con el plan ENIA, destinado a reducir el número de embarazos en adolescentes”.
Al advertir de la problemática sanitaria, el funcionario sostuvo que “hoy están sucediendo mil abortos en Argentina y cien internaciones en hospitales públicos producto de abortos con complicaciones” y más tarde consignó que “todas las estimaciones refieren que hay un aborto cada dos nacimientos y es una magnitud tremenda”.
El ministro de Salud advirtió que “una mujer de un sector social con educación, dinero y familia que cuente con entre 2.800 y 10 mil pesos puede acceder al misoprostol pero hay mujeres muy vulnerables, que no tienen dinero ni educación, ni familia ni entorno, que recurren a medidas tremendas” para interrumpir el embarazo.
Además, subrayó que “es un tema de salud pública porque el aborto causa muerte y morbilidad”, ratificó que “la penalización solo sirve para estigmatizar a las mujeres” y reiteró que “el proyecto ha tenido en cuenta la experiencia mundial, baja la mortalidad y morbilidad materna y extiende la vida de las mujeres, eso es extraordinario”.
Consultado sobre por qué se colocó la semana 14 cómo límite para interrumpir el embarazo, el ministro precisó que “el 90 por ciento del procedimiento se hace antes de terminado el tercer mes, pero queda un 10 por ciento que son las de las más vulnerables y esta es una ventana (dos semanas más) para cubrir a ese grupo tan vulnerable”.
Por su parte, la ministra Gómez Alcorta abordó puntualmente los últimos artículos de la norma “del 13 al 17 que hacen modificaciones en el Código Penal” por lo cual se despenaliza y legaliza la práctica hasta la semana 14 de embarazo.
La funcionaria también precisó que hay “dos causales” por las que se permite la interrupción después de la semana 14 y ellas son “por causa de una violación” o debido a que “corra peligro la vida” de la gestante.
Salvo esas excepciones “la penalización continúa para el que lo causa (el embarazo) y la gestante”, también se sancionará “a quien en forma injusta retrase, obstaculice o impida el acceso a un derecho” y dejó en claro que “el proyecto establece la objeción de conciencia” para realizar la práctica.
“Tenemos una responsabilidad histórica y es que en nuestro país nunca más muera una mujer por la práctica de un aborto clandestino”, cerró su exposición la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.
En primer término, expuso la secretaria Legal y Técnica, quien explicó los dos proyectos que a su entender son «muy consistentes» y que «dialogan entre sí, que marcan claramente la idea que tiene el Ejecutivo en estos temas”.
“El de mil días es un proyecto muy robusto que valora los proyectos de maternidad, que es un momento muy hermoso para una familia, y por cual el Estado estará allí acompañando esas maternidades, y el cual recibió una aprobación en diputados en forma unánime”, dijo Ibarra.
A renglón seguido, coementó que proyecto sobre IVE «es una promesa que se hizo en la campaña electoral, y surge de un trabajo interministerial. La idea de este proyecto es que tenemos que hacernos cargo como sociedad, desde el Estado, de un problema que afecta a las mujeres y a la salud pública, que es el aborto clandestino”.
Añadió que “este proyecto quiere evitar muertes evitables, abordar un tema de salud pública, disminuir la cantidad de abortos, y reforzar la educación sexual y la prevención de abusos en niñas y adolescentes”.
Sobre el cierre del plenario que se prolongó por más de tres horas el titular del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, pidió la palabra para sostener que “no estamos conformes con la presentación de la ley, no estamos conformes con las explicaciones y argumentos que dieron los ministros”.
La senadora neuquina Silvia Sapag interpretó que “los que están en contra (del proyecto) están intentando entorpecer para que no se trate (el tema) este año”, a lo que Mayans respondió “no estamos entorpeciendo nada”.