Córdoba. La entidad colegiada que agrupa a los profesionales de ciencias económicas presentó una cautelar ante la Justicia Federal.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) presentó hoy una cautelar ante la Justicia Federal para continuar con las gestiones para la derogación de la Resolución General 4838 (publicada en el Boletín Oficial el 20 de octubre de 2020) mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la implementación de un «Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (nacionales e internacionales)”.
Ante la falta de respuesta al reclamo administrativo presentado oportunamente ante la AFIP pidiendo la suspensión de la aplicación de dicha resolución y su derogación -tarea que se hizo junto con los otros 23 Consejos que forman la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas- «se resolvió seguir el camino que se considera «necesario y legítimo para defender» a los colegas, profesionales de ciencias económicas, expresó el CPCE de Córdoba.
La entidad profesional insistió en señalar que la instrumentación del Régimen Informativo que se cuestiona «pretende imponer una carga pública a un sujeto ajeno a la relación jurídico-tributaria, como es el asesor fiscal, mediante una norma de inferior jerarquía a la ley. Sin una ley que, en forma clara, precisa y expresa, le delegue tal facultad».
En esa línea, el Consejo reafirmó que es «violatoria del principio de legalidad, así como de otros principios constitucionales. Es importante destacar que la derogación solicitada no implica afectación alguna a las rentas fiscales, sino que solo se refiere a un régimen de información que atenta contra normas legales».
Agregó que no es menor colocar en cabeza de los llamados «asesores fiscales” un régimen de información que importa «violentar el derecho a la intimidad de raigambre constitucional así como también las leyes que -en cada jurisdicción- protegen el secreto profesional».
También planteó que la obtención de pruebas de evasiones o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de información fiscales, debería ser alcanzada mediante «el accionar previsto en las normas de procedimiento tributario, respetuosas de los principios constitucionales».
Para el Consejo, la AFIP, como órgano inserto dentro del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, debe circunscribir su función a una actuación «administrativa conducente a que las leyes tributarias se cumplan, fiscalizando e investigando con el propósito de conocer la verdad de los hechos, y tal función discrecional no puede rebasar los límites de la racionalidad, estando subordinada a los principios que prohíben la arbitrariedad».
«Atento a que las disposiciones de la RG 4838/2020 violentan en forma flagrante principios constitucionales básicos, desde nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, impulsamos estas medidas para resguardar a nuestros matriculados y sus derechos que consideramos transgredidos», enfatizó la entidad en un comunicado.
