Córdoba. Para la mayoría oficialista las reformas introducidas significan un «avance en materia de seguridad«. Mientras que para el grueso del arco opositor las iniciativas impulsadas por el Gobierno, tras los recientes casos de gatillo facil y de inseguridad, «no cambian nada».
En el marco de los recientes casos de gatillo facil de adolescentes cordobeses en manos de policías y las duras críticas del arco opositor por la inseguridad en Córdoba, la bancada oficialista avanzó en la sanción de dos leyes sobre seguridad pública y control policial que «son realmente buenas para el futuro de la Provincia», argumentó el jefe de la bancada Francisco Fortuna.
En un arduo debate, Hacemos por Córdoba defendió los dos proyectos de ley que fueron girados por el Ejecutivo provincial ante la embestida de la oposición que apuntó de lleno contra la política de seguridad de la administración provincial.
El arco opositor votó en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Pública 9.235 que tiene como fin crear un Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad, integrado por el Ministerio Público Fiscal y los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, quienes tienen a su cargo la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía y el Servicio Penitenciario, respectivamente.
Los bloques de Juntos por el Cambio, UCR y las dos bancas de la izquierda expresaron su rechazo a esta iniciativa. El vecinalismo de García Elorrio y Marcone aprobó el proyecto en general, aunque renovó su cuestionamiento contra el «paradigma» del Gobierno en materia de seguridad.
Sobre la reforma a la Ley de Seguridad Pública, el jefe del bloque JxC, Orlando Arduh, afirmó que resulta «gatopardismo». «Un proyecto con declaraciones de buenas intenciones, pero que no está claro el tema de la instrumentación», acentuó.
Al reforzar su crítica contra la política de seguridad del Gobierno, el radical sostuvo que «nada cambió, incluso todo se profundiza. Es momento que admitan que han fracasado«.
En tanto, la otra iniciativa convertida en ley por el oficialismo, que contó con el acompañamiento de la mayoría de los legisladores de Juntos por el Cambio, propicia la creación de un nuevo Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad. El resto de las bancadas opositoras manifestaron su negativa.
Según advirtió el Ejecutivo, el propósito esencial de dicha norma «es lograr la modernización y armonización del actual régimen disciplinario; para ello, se mejora la redacción de las faltas, se incorporan nuevas figuras para casos de corrupción, violencia institucional, violencia de género y discriminación, entre otras disposiciones».
Al rechazar los dos proyectos, el radical Marcelo Cossar dejó asentada la posición de la bancada UCR. Estas dos iniciativas son «respuestas superficiales, parciales y oportunistas«, cuestionó y aseveró: «Necesitamos debatir urgente y en serio la agenda de seguridad» que reclaman los ciudadanos.
La legisladora negrista Daniela Gudiño (JxC) expresó su negativa a las dos inicitivas, haciendo foco en el Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.
“Este proyecto se presenta como una iniciativa innovadora que hace referencia a la democratización y a la modernización, pero no llegaron ayer al gobierno, están desde 1999, lo que hace suponer que tenemos hasta el momento una política de seguridad no muy democrática y que ha hecho agua por todos lados, no tuvieron nunca política de seguridad”, sentenció.
“Este proyecto es otro más de los tantos destinados al fracaso por la ausencia de una política de seguridad”, subrayó la radical y demandó que «el Gobierno retome el control político sobre las fuerzas de seguridad».
Las dos legisladoras de la izquierda recordaron que estas dos leyes en debate tienen como origen los casos más recientes de jóvenes que fueron víctimas de «gatillo facil» en manos de policías.
María Noel Argañaraz (Frente de Izquierda) afirmó que el debate de hoy tiene «causas profundas que tienen nombre y apellido. Son jóvenes que ya no están» y resaltó que quedó «en evidencia de la ciudadanía el accionar de la polícia» en los «brutales asesinatos de Blas y Joaquín».
En igual sentido se pronunció Luciana Echevarría (MST) al hacer hincapié en los casos de «gatillo facil». En su discurso, calificó de «rotundo» el fracaso del Gobierno en política de seguridad.
Al salir al cruce de las duras críticas de la oposición, en el cierre del debate, el legislador Fortuna aseguró que estas dos leyes son la expresión de «voluntad política del Gobierno» y significan «cambios profundos en el control disciplinario de las tres fuerzas», en alusión a la Polícia, el Servicio Penitenciario y la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
El peronista resaltó que con estas normas se «avanza en transformaciones» que apunta a «mecanismos más eficaces, más democráticos, más transparentes».
Ante el voto negativo de la UCR en la sanción de las dos leyes -confirmado por Cossar-, quien fuera muy duro en sus cuestinamientos por el accionar del Gobierno en materia de seguridad, Fortuna retrucó sosteniendo que sus expresiones están «reñidas absolutamente con la realidad» y las atribuyó al interés de privilegiar «la oposición por la oposicón misma».
