Córdoba. La sesión especial mixta de este miércoles en la Legislatura pondrá en evidencia las críticas opositoras y la férrea defensa de las espadas oficialistas en materia de política de seguridad de la administración provincial que acusó el impacto por los casos de «gatillo facil».
Más allá que exista un cierto nivel de acuerdo por las dos iniciativas que se debatirán en el plenario de este miércoles, el cruce entre opositores y oficialista estará centrado en la política de seguridad del Ejecutivo provincial golpeado por los casos de «gatillo facil» y otra serie de hechos de inseguridad en Córdoba.
Tal como lo adelantara Agenda 4P, en la penúltima sesión legislativa, la amplia mayoría oficialista avanzará en la aprobación de dos proyectos de ley girados por el Ejecutivo provincial vinculados a seguridad, tras el rechazo social al accionar de la policía en el asesinato de adolescentes cordobeses.
Se trata de la reforma de la Ley de Seguridad Pública 9.235 tiene como fin crear un Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad, integrado por el Ministerio Público Fiscal y los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, quienes tienen a su cargo la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía y el Servicio Penitenciario, respectivamente.
De esta manera, se fija así «una agenda de trabajo conjunto entre los ministerios y el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de profundizar la interinstitucionalidad, en el marco de las recomendaciones internacionales para el abordaje de los conflictos sociales», se indica en los fundamentos del proyecto.
La otra iniciativa propicia la creación de un nuevo Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad. Según advirtió el Ejecutivo, el propósito esencial de dicho proyecto «es lograr la modernización y armonización del actual régimen disciplinario; para ello, se mejora la redacción de las faltas, se incorporan nuevas figuras para casos de corrupción, violencia institucional, violencia de género y discriminación, entre otras disposiciones».
En este sentido, las sanciones de arresto y de exoneración son eliminadas, creándose la sanción de destitución para los casos más graves, y regulándose en el texto legal las faltas graves y gravísimas, con una descripción taxativa y sin ambigüedades.
Por otra parte, el proyecto del Gobierno schiarettista sostiene que el control civil y el seguimiento de la actuación de las Fuerzas de Seguridad «se fortalecerá con base y apoyo de la incorporación de registros (faltas, disparos de armas y violencia institucional), sumado a la publicidad y transparencia del régimen disciplinario, con la obligación de los órganos actuantes de presentar informes de gestión».
Estas iniciativas serán convertidas en ley con el voto de la mayoria oficialista. En tanto, el bloque UCR se pronunciará en contra de los dos proyectos. También las dos bancadas de izquierda (MST y FIT) los rechazarán, con fuertes críticas al manejo del Gobierno en materia de seguridad. El vecinalismo analizaba apoyar la reforma de la Ley de Seguridad Pública 9.235, pero votaría por la negativa sobre la creación de un nuevo Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.
En las últimas horas, el bloque de Juntos por el Cambio definía su posición, la cual se conocería antes del inicio del plenario semipresencial de este miércoles, donde también se tratarán otros dos proyectos impulsados por la administración schiarettista.
Otros proyectos
Son dos iniciativas referidas a la expropiación de inmuebles para la ejecución de obras viales en el Valle de Punilla. Ambos proyectos -que obtuvieron dictamen este martes en sendas reuniones de comisiones- declaran de utilidad pública y expropiables los inmuebles necesarios para la construcción de nuevas obras viales.
Una de ellas se presenta como una ruta “alternativa a la Ruta Nacional N° 38 – Tramo 1: Variante Costa Azul-La Cumbre”, en la sección comprendida entre Costa Azul y el acceso a la localidad de Molinari. En tanto el segundo proyecto procura acceder a los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras “Variante Ruta Provincial N° 5, Tramo Rotonda Ruta Provincial N°5 (Km 25,5) y el acceso a la localidad de Villa Los Aromos (Km 45,2)”.
Por último, el pleno aprobará por ley el “Consenso Fiscal 2020” suscripto el 4 de diciembre entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales. En esa oportunidad, el Presidente sostuvo que es «el mejor corolario» tras el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias durante la pandemia del coronavirus.
El acuerdo fija límites para la toma de deuda en dólares para promover el endeudamiento responsable y sostenible; suspende las demandas por el lapso de un año contra el Estado Nacional a partir de la entrada en vigencia del pacto, e incluye el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.
