País. Las asociaciones de inquilinos afirmaron que la experiencia de estos meses «ha demostrado que el decreto es beneficioso para millones de familias», aunque advirtieron que «su plena y estricta implementación requiere de un órgano de aplicación», ya que en al práctica se observó que el acatamiento de esta norma ha sido parcial.
«La acuciante situación que viven millones de inquilinos a lo largo y ancho del país, producto de la pandemia COVID-19, que está significando pérdida de fuentes laborales, disminución de ingresos y un creciente endeudamiento, requiere del esfuerzo mancomunado del Estado junto
a las organizaciones del sector, para impulsar políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda digna y a un alquiler justo», destacó Inquilinos Córdoba en un pronunciamiento conjunto con otras organizaciones de este tipo del país.
El colectivo de entidades que agrupa a inquilinos de la Argentina indicó que el panorama actual señala que existen 1,5 millones de hogares con deudas, de las cuales el promedio de deuda es de 150 mil pesos, llegando a sectores que adeudaron más de 250 mil. A esto, se suma que un 70% (datos que coinciden con los entes reguladores) posee deudas en materia de servicios.
En ese sentido, las organizaciones reivindicaron las resoluciones del Gobierno nacional establecidas en el decreto 320/2020 y sus sucesivas prórrogas, que entre sus principales puntos establece que los contratos que tengan vencimiento antes del 31 de enero se prorrogan automáticamente
hasta esa fecha en las mismas condiciones; los aumentos quedan prorrogados hasta la finalización del decreto, congelándose en el valor correspondiente al mes de marzo; y se suspenden los desalojos hasta el 31 de enero.
«Creemos que el mencionado decreto estableció un piso para defender los derechos de los inquilinos e inquilinas. Sin embargo, no dejamos nunca de manifestar la urgente necesidad de avanzar en la elaboración y ejecución de políticas públicas que comiencen a dar respuesta a los problemas de fondo de los inquilinos, producto de años de indefensión frente a la lógica especulativa del mercado, y agravados por esta pandemia», puntualizaron.
Según el análisis de la experiencia de estos meses, los inquilinos aseguraron que «el decreto es beneficioso para millones de familias». No obstante, plantearon que «su plena y estricta implementación requiere de un órgano de aplicación, ya que nos consta que el acatamiento de esta norma ha sido parcial».
Ante este cuadro de situación, las asociaciones de inquilinos le pidieron al Gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la extensión del decreto 320/2020 de alquileres y avanzar en definiciones de otros puntos ralacionados con la problemática de este sector social.
«Hoy vemos con preocupación que estamos a poco menos de un mes de la finalización de la vigencia del decreto, y la situación de los inquilinos e inquilinas se sigue agravando, sin que tengamos certezas acerca de una nueva prórroga o de políticas públicas que respondan a estas
problemáticas», enfatizaron.
