País. «La carencia de estrategia y planificación y la debilidad de liderazgo de un presidente que cede un sector estratégico a los designios de la vicepresidente, amenaza con una nueva edición del desmanejo que afecto a YPF entre el 2012/2015», afirmó el diputada Latorre.
A través de un proyecto de resolución, los diputados Jimena Latorre y Gustavo Menna (UCR), demandaron que el Ejecutivo Nacional y el directorio de la empresa informen con respuestas concretas y detalladas sobre la situación financiera que atraviesa YPF. Acompañaron esta iniciativa los diputados Alfredo Cornejo, y Mario Negri, entre otros.
La solicitud se fundamenta en lo trascendental que resulta la empresa YPF no sólo para el sector energético nacional, sino por las implicancias que el tema puede asumir en todo el sistema financiero nacional, además de su incidencia directa en la imagen y credibilidad de la Argentina en el plano internacional.
El pedido de informes fue realizada con el aporte de Jorge Lapeña, Alejandro Einstoss y Julián Rojo, representantes del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi y de Daniel Montamat, ex presidente y ex director de YPF.
La empresa atraviesa una crisis financiera de larga data consecuencia de una deuda originada en el período 2012-2015 que alcanzó los 8.207 millones de dólares en el tercer trimestre del 2020. El 93% de dicha deuda se encuentra nominada en dólares a una tasa promedio del 7,5% y representa el 108% del patrimonio neto de la empresa según informa el último balance trimestral.
En la actualidad, la deuda de YPF es objeto de una nueva renegociación, que intenta modificar el perfil de vencimientos de capital e intereses. En ese contexto, YPF ha lanzado una agresiva oferta al mercado que en primera instancia ha sido rechazada y pone a YPF camino a un default que de concretarse tendría importantes consecuencias no sólo para el sector energético sino para el financiamiento del resto de los sectores económicos.
En medio de la negociación, el gobierno anunció el cambio del presidente de la empresa lo cual incorpora amplios márgenes de incertidumbre adicional al resultado de la renegociación. Guillermo Nielsen, economista y especialista en finanzas, quien formó parte del equipo que renegoció la deuda con el FMI en 2005, será reemplazado por el diputado santacruceño Pablo González que ocupó varios cargos en la función pública pero no tiene experiencia en la materia.
“En este complejo contexto, la puja de poder que muestra el Frente de Todos está muy lejos de mostrar una solución que defienda el futuro de la empresa y los fondos actuales y futuros de los argentinos. Esa puja parece ganarla una Cámpora cuya única ambición son los cargos, la caja y el aparato dirigido a las próximas elecciones. Muestra de ello es la salida de Nielsen y la conquista de la presidencia no conformes con la gerencia de YPF», afirmó la diputada Latorre.
La parlamentaria radical sostuvo además que «la carencia de estrategia y planificación y la debilidad de liderazgo de un presidente que cede un sector estratégico a los designios de la vicepresidente, amenaza con una nueva edición del desmanejo que afecto a YPF entre el 2012/2015 y augura un panorama de endeudamiento para los argentinos del que deben rendir cuentas ante el Congreso de la Nacion”.
Por su parte, Menna señaló: “Una vez más el kirchnerismo está destruyendo YPF. Kiciloff pagó u$s 5.000 millones por la expropiación del 51% de la compañía (u$s 10.000 millones si se computa el costo financiero de los títulos de deuda que emitió para pagarle a Repsol). Ahora toda la empresa vale u$s 1.500 millones y tiene deudas por más de u$s 8.207 millones”.
Todo indica que YPF se encuentra en una encrucijada donde la combinación de precios administrados a la baja, decadencia productiva solo reversible a partir de inversión en explotación y exploración, la consecuente caída de ingresos y de flujo de fondos propio y la pesada carga de una deuda que no generó capacidad de repago, ponen «a YPF rumbo a un posible default corporativo con efectos tanto al interior del sector energético como en la totalidad del aparato productivo nacional y con afectación directa del patrimonio del estado argentino como principal accionista de la empresa», advirtieron los autores del proyecto.
