País. La Asociación Argentina de Fiscales expresó su «profunda preocupación» por los «niveles de violencia simbólica institucional sin precedentes», luego de que la vicepresidenta cuestionara hoy duramente a la Justicia al declarar en la causa dólar futuro.
La Asociación Argentina de Fiscales expresó este jueves su «profunda preocupación» por los «niveles de violencia simbólica institucional sin precedentes», luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente a la Justicia al declarar en la causa dólar futuro.
«Sin una justicia independiente, cada habitante queda a merced del inconmensurable poder del Estado e indefenso contra la corrupción, la ilegalidad, la injusticia», resaltó la Asociación Argentina de Fiscales en un comunicado.
El escrito fue firmado por el presidente de la Asociación, Marcelo Varona Quintián, el Vicepresidente Primero, Walter Fernández, y el Secretario General Matías Michienzi.
«La Asociación Argentina de Fiscales expresa la profunda preocupación sobre una serie de acontecimientos, todos vinculados entre si, que ponen en evidencia una planificación dirigida a eliminar -en la práctica- la forma republicana de gobierno mediante el control político partidario del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, violando la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos», subrayó.
En ese marco, la entidad precisó que las «acciones no sólo se canalizan a través de proyectos legislativos de reformas», sino «también el anunciado descalabro de crear un Tribunal de Arbitrariedades, y el de composición del Consejo de la Magistratura».
«La inconstitucional propuesta de creación de una ‘comisión bicameral’ para ‘seguimiento’ de la justicia, no es otra cosa que un tribunal de inquisición dedicado a la caza de brujas», apuntó la Asociación.
En ese sentido, detalló: «Como ejemplo más claro puede verse los ataques al Procurador General interino (Dr. Eduardo Casal), por la sola circunstancia (o impotencia) de no poder encontrar consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias en la proposición de una persona que satisfaga las garantías de imparcialidad».
«También deben sumarse, las distintas voces de funcionarios del Partido político gobernante, tendientes a descalificar constantemente los actos de la judicatura, y la institución en general», manifestó.
Además, la entidad denunció «permanentes ataques a los miembros del Máximo Tribunal del país, al Procurador General de la Nación interino, y a todo juez o fiscal que le toca intervenir en procesos que involucran a personas o intereses del partido gobernante».
Los fiscales expresaron su intención de alcanzar «una relación inteligente, sabia, respetuosa entre los poderes del Estado».
«Del mismo modo que los Fiscales y Jueces no opinan en los medios de comunicación sobre los desaciertos de las políticas públicas o sobre las leyes en abstracto, debe comprenderse que los funcionarios de otros poderes también deben respetar esa obligación ético-funcional», enfatizaron.
