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Tras el «caso Daglio», diputados de Juntos por el Cambio insistieron con la sanción de la «ley antimotochorros»

País. La demanda opositora volvió a cobrar fuerza  ante el asalto y muerte de María Rosa Daglio en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en manos del motochorro Alejandro Miguel Ochoa. El delincuente estaba preso y fue liberado durante la cuarentena en el marco de la disposición del Gobierno para evitar contagios por Covid-19 en las cárceles.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio encabezados por Luis Petri, Alfredo Cornejo, Carla Piccolomini y Álvaro Lamadrid, presentaron nuevamente el proyecto de ley antimotochorros, de 2019, un trabajo elaborado en conjunto con la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La iniciativa propone que sean más graves las penas del hurto y robo cuando el delincuente lo comete usando una moto, un auto u otro vehículo. En el caso del robo, aumenta la pena para impedir el acceso a beneficios de la condena de ejecución condicional, la excarcelación y o la probation. Además, aumentar la pena en el caso de encubrimiento, ya que detenidos en controles policiales, con motocicletas robadas para ser utilizadas en los robos, se les imputa ese delito.

«Es necesario tratar la problemática de los motochorros como lo que en verdad es y debemos dar respuestas a este reclamo urgente. Se lo debemos a la sociedad que atemorizada transita por las calles pero fundamentalmente a todas las víctimas que han sufrido en manos de estos delincuentes», aseguró Petri.

La demanda opositora volvió a cobrar fuerza  ante el asalto y muerte de María Rosa Daglio en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en manos de Alejandro Miguel Ochoa. El motochorro había dejado la cárcel beneficiado por las liberaciones otorgadas en 2020 por el coronavirus.

Ochoa, de 55 años, fue capturado ayer. En 2017, había sido condenado a ocho años y medio de prisión, por asaltos a dos mujeres en un raid delictivo con la misma modalidad y debería estar cumpliendo condena ya que cuenta con un largo prontuario desde 1990 con dos condenas y ocho robos.

En este contexto, Petri lanzó el interrogante: «¿Cómo le explicamos a la familia de las víctimas de un delito que el delincuente salió bajo salidas transitorias porque un juez se equivocó a la hora de otorgar una salida anticipada? Las nefastas y trágicas consecuencias de la liberación de presos con la excusa de la pandemia que no mide las consecuencias. Hoy tenemos una victima que no debió serlo y que la política criminal del Gobierno y la Justicia la hicieron ser», concluyó.

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