País. Los inquilinos e inquilinas convocaron a una jornada de protesta en todo el país para este jueves 25 de marzo. Demandan la extensión del decreto 320/20 que impide los desalojos, congela los precios y extiende los contratos. Además, reclaman una política de desendeudamiento previa a la salida de dicho decreto.
Las organizaciones de todo el país convocaron a los inquilinos e inquilinas a una jornada de protesta para pedir la extensión del decreto 320/20 que impide los desalojos, congela los precios y extiende los contratos. En el marco de su reclamo, también pidieron que se terminen los abusos y se cumpla la Ley de Alquileres.
La jornada nacional de protesta se realizará este jueves 25 de marzo en diferentes puntos del país, uno de ellos será la Capital cordobesa, a seis días que se ponga fin a la vigencia del decreto. «No se dio tiempo para una búsqueda tranquila, y se nos deja expuestos a subas de precios indiscriminadas. Eso, sin contar que nadie puede pagar los precios actuales, y menos podrá hacerlo con aumentazos y el pago de deudas», afirmaron las asociaciones de inquilinos en un comunicado.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones le pidieron al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, que «recapacite» en su decisión de no renovar la extensión del decreto de alquileres.
«No se puede dar término al decreto con sólo 30 días de antelación, y esperar que las personas en ese breve lapso se muden, acuerden un nuevo precio y el pago de las deudas, para continuar en esas viviendas. De esta manera, se está dejando a merced del mercado a muchas familias que no tienen a donde ir ni capacidad de pago», resaltaron.
En este contexto, los inquilinos e inquilinas se convocarán este jueves en la Jornada Nacional de Protesta. Las actividades y puntos de convocatoria serán informados por cada organización de cada provincia. «Les pedimos a todos que luchen por su derecho, hay que hacerse oír», acentuaron las asociaciones.
«Estamos ante la segunda oleada de COVID, y hay mensajes contradictorios: por un lado, se está pidiendo a las familias que se muden, y por otro, que nos cuidemos. El 40% de los inquilinos tiene deudas de alquiler, es decir que unas 3.8 millones de personas podrían necesitar mudarse y circular. Es un peligro para la salud pública», enfatizó el colectivo de organizaciones que nuclea a los inquilinos.
En su mensaje dirigido al ministro Ferraresi, advirtieron que «debe saber que las familias que están endeudadas y no pueden pagar el alquiler hoy en día, menos van a poder dejar esa vivienda y buscar otra más cara, y afrontar los gastos que implica una mudanza».
En este plano, insistieron en reclamar «una política de desendeudamiento previa a la salida del decreto». Asimismo, dieron cuenta del escenario complejo para los inquilinos ante la finalización de la vigencia del decreto en cuestión. «El poco tiempo con que se anunció la medida, expuso a los trabajadores y trabajadoras a precios exorbitantes para poder quedarse en una casa, sin contemplar el golpe en los ingresos que se está sufriendo en materia de combustibles, alimentos, ropa, y el resto de los ítems de la vida cotidiana», indicó.
«Sin decreto», afirmaron las organizaciones de inquilinos, «las mismas inmobiliarias que impusieron subas de precios totalmente desproporcionadas y que hacen lobby para derogar la Ley de Alquileres, van a meter presión para desalojar aquellos que no puedan pagar (ya está sucediendo), o para cobrar las deudas a través del embargo de garantes. Todas consecuencias que no suman en este contexto», puntualizaron.
Por último, aseguraron que “la pandemia ha profundizado aún más el déficit habitacional en nuestro país. El gobierno debe afrontar esta situación y priorizar el derecho a la vivienda de las familias inquilinas por sobre la especulación y la rentabilidad desmedida del sector inmobiliario”.
