País. Se trata de «Pepín» Rodríguez Simón. Para la jueza, existe el riesgo de «sustraerse del accionar judicial» en medio de una investigación que lo imputa por operar contra accionistas del grupo Indalo, luego de comprobarse las amenazas de Simón hacia las autoridades de los medios.
La jueza federal María Romilda Servini le prohibió hoy la salida del país al diputado del Parlasur Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, supuesto operador judicial del Gobierno de Cambiemos y acusado de haber presionado a los accionistas del Grupo Indalo para forzar el desprendimiento de sus empresas y lograr que sus medios (Radio 10 y C5N) modificaran su línea editorial en favor del expresidente Maurcio Macri.
La magistrada dispuso la medida tras entender que existe «un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente».
La medida había sido solicitada la semana pasada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, apoderados del querellante Carlos Fabián de Sousa, víctima de los supuestos aprietes que se investigan en este expediente, en el que se encuentran imputados otros miembros de la llamada mesa judicial, como el extitular de la AFIP, Alberto Abad.
Rodríguez Simón está citado a prestar declaración indagatoria el próximo 26 de mayo, mientras que la citación de Abad estaba prevista para inicios de marzo y fue postergada para el 28 de abril a las 15.30, según indicaron a Télam fuentes judiciales.
En este expediente «se investigan diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri – o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional», según sostuvo la jueza.
En ese marco, «se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos».
Según surge de las declaraciones de algunos de los testigos del expediente, en esas reuniones Rodríguez Simón se jactaba de representar o hablar en nombre del entonces Presidente de la Nación.