País. El Procurador del Tesoro Nacional Carlos Zannini recibió este viernes la instrucción del Gobierno nacional. El Presidente había definido el endeudamiento como «la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, será el encargado de constituirse como querellante en representación del Estado en la causa penal iniciada contra el ex presidente Mauricio Macri por supuesta administración fraudulenta y defraudación por el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI).
A través del Decreto 239/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández instruyó al organismo a que «se constituya en parte querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa número 3561/2019 «Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública». El expediente tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.
El primer mandatario ordenó a la Procuración que «coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional».
Además, instruyó a que se disponga a «iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal».
El decreto también instruyó a la Sindicatura General de la Nación «para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada» por el organismo de crédito multilateral durante la gestión de la francesa Christine Lagarde como directora gerente: para esa labor pidió la «colaboración» del Banco Central.
Las instrucciones llevan las firmas de Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de los ministros de Justicia, Martín Soria; y de Economía, Martín Guzmán. El Gobierno albertista precisó que el acuerdo fue por un monto total de 57.000 millones de dólares.
Cabe recordar que durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo, el Presidente había anunciado la decisión de que el Gobierno se presentara ante la Justicia para denunciar el préstamo y la «fuga» del dinero.
«He instruido que se haga una querella criminal para saber quiénes fueron responsables de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda«, había señalado en ese contexto. Fernández dijo además que «sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado».
