CABA. Luego del dictamen del Ministerio Público Fiscal porteño, la votación del tribunal fue unánime y las escuelas deberán abrir este lunes. Revés para la administración albertista. El tribunal resolvió «hacer lugar a la queja interpuesta y en consecuencia admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires emitió este domingo un fallo que ordena la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado que dispuso el cierre de las aulas por dos semanas.
La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se hará efectiva este lunes ya que el Gobierno nacional no puede recusar, por no formar parte del caso.
«La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local», argumentó el tribunal en el fallo.
Y agregó: «Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local. Máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, venía adoptando las medidas correspondientes para asegurar la prestación del servicio de la educación, conforme las disposiciones consensuadas en el resto del país».
En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto de la administración Fernández.
El recurso había sido presentado por un grupo de docentes enrolados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que consideraban que era prioritario sostener las clases pese a la escalada de contagios en el AMBA.
La medida de suspensión de clases presenciales por dos semanas había provocado el rechazo de sectores de la oposición y de grupos de padres autoconvocados preocupados por la educación de sus hijos.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad reafirmó el viernes que las escuelas no son focos de contagio y presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para anular el decreto presidencial.