CABA/País. Así se buscará frenar el fallo de la Justicia porteña que habilitó la continuidad de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, se sumó una denuncia por atentado a la salud pública y sedición contra Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich
El Gobierno Nacional recibió este domingo con fuerte enojo el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales, por lo que puso en marcha una estrategia judicial combinada para intentar frenarlo.
Por un lado, el presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, y por otro avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción.
El objetivo de ambas acciones del poder central es validar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril en el AMBA, consignó NA.
Para el Gobierno albertista, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño que habilitó la continuidad de las clases en la Ciudad es un fallo a medida del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
En Casa Rosada advierten que se trata de una discusión política y sostienen que Juntos por el Cambio presionó para obtener esa medida. Desde la administración central, fue el propio Presidente quien salió a calificar el fallo como «un estrago jurídico».
«Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directo a la Corte«, argumentó el jefe de Estado en declaraciones a El Destape.
A sus declaraciones se sumó el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien apuntó contra los jueces que emitieron el fallo y cargó duro contra el macrismo. Para el titular de la cartera de Justicia de la nación, la resolución judicial es un «mamarracho jurídico», que tiene una «explicación política».
«El Presidente @alferdez tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos«, aseguró Soria a través de las redes sociales.
Atentado a la salud
En la noche de este domingo se conoció la denuncia que fue presentada por la abogada Valeria Carreras y será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero.
El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, fueron denunciados por atentado a la salud pública y por sedición tras haber impulsado «una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU 241/2021», lo que según la denunciante implica haber incurrido en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.
La denuncia fue presentada este domingo por la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos, y será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero.
Para la denunciante, Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich promovieron acciones que persiguen «realizar lo que el DNU prohíbe», como concurrir a clases de modo presencial durante los próximos 15 días, en el caso del jefe de gobierno al presentarse ante la Corte Suprema y en relación a Stanley, por impulsar una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
