CABA. El alto tribunal de Justicia aceptó la competencia en el caso que generó un conflicto entre los gobiernos de la Ciudad y la Nación por las aulas abiertas. En un período de cinco días, el Gobierno nacional deberá aportar pruebas y contestar consultas de los ministros de la Corte.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió hoy la «competencia originaria» en el planteo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto de necesidad y urgencia que suspendió las clases presenciales por dos semanas en el AMBA dispuesto por el presidente Alberto Fernández.
Esto significa que sólo la Corte Suprema puede entender en el planteo que formuló la administración de Horacio Rodríguez Larreta contra el artículo segundo del decreto 241/2021, que fue el que dispuso la suspensión de las clases presenciales en territorio porteño y en el Conurbano bonaerense.
«De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, la presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…). La acción entablada se sustanciará por la vía del proceso sumarísimo», dispusieron los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La quinta integrante del tribunal, Elena Highton de Nolasco, votó en disidencia.
El máximo tribunal de Justicia del país notificó de la decisión a las partes del conflicto y le libró oficio a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para que formule sus planteos en el término de cinco días hábiles.
Al reivindicar la intervención exclusiva de la Corte, el fallo pone virtualmente en entredicho a la medida cautelar dispuesta por una sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que el domingo por la noche dispuso la continuidad de las clases presenciales.