CABA/País. El máximo tribunal de Justicia fijó para el 12 de mayo reunión entre los gobiernos de Nación y de territorio porteño en busca de acuerdo por la transferencia de la Policía, como exige la ley elevada por el Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó hoy que el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires se reúnan el 12 de mayo próximo, con vistas a acordar criterios comunes para definir el traspaso de la Policía en el marco del diálogo, tal como fija la ley de diciembre de 2020, aprobada en el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo.
El máximo tribunal de Justicia lo resolvió tras la audiencia conciliatoria realizada hoy entre los representantes del Ejecutivo nacional y de la Ciudad, a fin de que las partes lleguen de buena fe a un entendimiento. Con esta decisión, la Corte dictó la suspensión de todos los plazos procesales.
Así, ambas jurisdicciones se encuentran obligadas a respetar los preceptos de la Ley 27.606, que establece en su artículo 2° la necesidad de que se acuerde de manera bilateral entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad el monto de la transferencia de facultades y funciones de seguridad no federales al distrito porteño, como así también el mecanismo de actualización.
Fuentes del Gobierno nacional recordaron que se realizaron reiteradas invitaciones al Jefe de Gobierno de la Ciudad durante este año para que se dé cumplimiento a la norma. Esas invitaciones, cursadas por los ministros de Economía y del Interior, Martín Guzmán y Wado de Pedro, respectivamente, fueron rechazadas por la Ciudad.
Por esa razón, la administración central insistió en convocar a la gestión porteña a deponer su actual postura, de modo de avenirse al diálogo en los términos que impone la Ley 27.606 y propicia la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, sigue dando cumplimiento a lo establecido en la norma, abonando mensualmente por el servicio transferido hasta tanto exista un acuerdo bipartito definitivo, sostuvieron desde Casa Rosada.
En septiembre del año pasado la Ciudad concurrió a la Corte Suprema para solicitar una «declaración de certeza» en torno a la rebaja del 1,18% a la coparticipación porteña que aplicó la gestión de Alberto Fernández y remarcó que se trató de una decisión inconsulta.
El Gobierno de Alberto Fernández justificó esa reasignación en el hecho de que esa alícuota había sido concedida por decreto en 2016 por el entonces presidente, Mauricio Macri.
