País. Con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, el oficialismo busca avanzar este lunes en comisión con el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal impulsada por el Frente de Todos. La bancada radical reafirmó su rechazo a lo que sostienen se trata de un «plan de impunidad».
Ante la convocatoria a una reunión de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales para el próximo lunes, con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, para avanzar con el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal, diputados de la UCR cuestionaron el intento del oficialismo de avanzar con su «plan de impunidad». Advierten que el Gobierno K muestra de este modo cuáles son sus prioridades en medio de segunda ola del coronavirus.
El titular del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, afirmó que “el ministro Martín Soria quiere que la Cámara baja apruebe los cambios a la ley del Ministerio Público Fiscal, que permite designar al Procurador General solamente con la mayoría peronista en el Senado y modifica el Jury, con el objetivo de poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo».
Al apuntar duro contra el Gobierno kirchnerista, el parlamentario cordobés resaltó: «Es claro que están obsesionados con la impunidad”.
Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuestionó la insistencia del Gobierno con tratar leyes que «no tienen nada que ver con las preocupaciones centrales de los argentinos, que pasan por la pandemia, la salud y la inflación descontrolada que tenemos, por el aumento de la pobreza y la situación del empleo».
El radical advirtió del gravedad de esta iniciativa oficialista que «desconoce la autonomía del Ministerio Público» y aseguró que «se intenta controlarlo y morigerar las mayorías para la designación del procurador general». «Es un proyecto que claramente va contra la Constitución Nacional», acentuó.
En tanto, Luis Petri, integrante de la Comisión de Justicia, expresó que “la reforma del Ministerio Público Fiscal es la piedra angular para avanzar hacia la impunidad de los corruptos. Si hay Ley de Ministerio Publico Fiscal, hay impunidad. Toda justificación para su aprobación es cotillón y maquillaje».
«El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal otorga a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control la facultad de elegir un Procurador General interino. Es decir, si se aprueba, van a desplazar a Eduardo Casal y designar un procurador servil al plan de impunidad”, aseveró el radical.
En la misma línea se pronunció el diputado Juan Martín, también integrante de la Comisión de Justicia, quien cargó duro por la agenda del oficialismo centrada «en intervenir la justicia, y en consolidar un modelo de impunidad».
«El oficialismo avanza con su plan de impunidad, en un programa de intervención del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público Fiscal para soslayar la independencia que consagró la Constitución de 1994. Buscan que las causas de corrupción no avancen, y que no solamente se pueda designar al jefe de los fiscales por una mayoría simple, sin el consenso que establece la legislación actual, sino que además cualquier fiscal que pretenda intervenir en una causa que sea inconveniente al gobierno, pueda ser removido sin más trámite», acentuó.
A su vez, Diego Mestre remarcó que con esta ley el oficialismo pretende “total discrecionalidad en la designación de un nuevo procurador, ya que no se necesitarían los dos tercios».
«Por otro lado apuntan a modificar las mayorías, no sólo para las futuras designaciones, sino también para las remociones de los fiscales, lo que se traduce en una acción lamentable de llevarse por delante la normativa del ministerio público, lo que de ese modo estaría afectando la autonomía y la independencia de los poderes del estado”, enfatizó el radical cordobés.
En este marco, el diputado Menna confirmó que concurrirán a la reunión de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, donde se hará presente el titular de la cartera de Justicia de la Nación. No obstante, el radical destacó que «de ninguna manera vamos a permitir que se nos limite en el uso de la palabra y nuestra atribución constitucional de pedir toda la información a los ministros que comparecen en una comisión”.
