País. La iniciativa oficialista, que apunta a flexibilizar las condiciones para elegir al Procurador General, ya tiene media sanción del Senado, pero enfrenta un panorama complicado en la Cámara Baja. Para la principal bancada opositora, el proyecto implica «afectar la independencia de todos los fiscales del país y someterlos al control político del kirchnerismo».
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, defendió este lunes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que apunta a flexibilizar las mayorías para poder designar al procurador general, y para incorporar un límite temporal al mandato.
«Es una ley que es fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años», aseguró el funcionario nacional aliado al kirchnerismo.
Juntos por el Cambio decidió no participar del plenario por videoconferencia de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales con el argumento de que su presencia allí hubiera significado convalidar «la destrucción de la República» que pretende el oficialismo a través de esta reforma.
En su exposición, Soria lamentó que la principal alianza opositora no haya aceptado el diálogo que le proponía el oficialismo y haya adelantado el rechazo «sin siquiera conocer los cambios y las propuestas» realizadas en estas últimas semanas.
«La falta de un Procurador legitimado por la elección del presidente con el acuerdo del Senado dejó al Ministerio Público Fiscal de la Nación virtualmente acéfalo. Esta condición no puede prolongarse más tiempo», destacó.
«Todos compartimos el anhelo de rescatar al Ministerio Público Fiscal de la profunda crisis de legitimidad en la que hoy se encuentra», enfatizó Soria, que en parte atribuyó esa «anomalía» al hecho de que el cargo de procurador general siga siendo ocupado hace más de tres años por un interino como Eduardo Casal.
Con duras palabras hacia Casal, el diputado rionegrino con uso de licencia para ocupar la cartera de Justicia advirtió que su interinato «es el más largo que la historia tenga registro», aunque fue más allá con su cuestionamiento. Sostuvo que «sin dudas generó una verdadera parálisis institucional de la Procuración General de la Nación y una falta de conducción que terminó repercutiendo sobre todo el resto del organismo, sobre todo el Ministerio Público Fiscal y sobre todo el sistema de justicia».
«Tenemos que tener un procurador con la legitimidad suficiente para conducir ese organismo, y no un interino que nadie eligió y que no tuvo el acuerdo del Senado», remarcó Soria.
Uno de los puntos principales del proyecto es que limita a cinco años la duración del mandato del procurador, prorrogable por otro período idéntico de forma consecutiva.
El otro aspecto central de la reforma es que simplifica el nombramiento del procurador al reemplazar la mayoría de dos tercios del Senado por la mitad más uno de los votos.
Para la remoción en el marco de un juicio político, en tanto, la iniciativa plantea la mitad más uno de los votos.
Por otra parte, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
A su vez, el procurador general -al igual que el jefe de Gabinete- deberá presentarse ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando entre las dos cámaras para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
«No seremos cómplices de la destrucción de la República». Así se pronunció ayer el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio al confirmar la decisión de no participar del plenario en el cual el ministro de Justicia defendió la reforma del Ministerio Público Fiscal.
