Córdoba. La imputación a la titular del Tribunal de Conducta Policial reavivó las críticas opositora al Gobierno provincial. El arco opositor en la Unicameral demandó la interpelación del ministro de Seguridad.
“En nuestro pedido, también quisimos saber cuál es el estado en relación a la fuerza policial de los agentes que participaron en el operativo en el que lamentablemente encontró la muerte el joven Correas. La respuesta es el silencio”, cuestionó Daniela Gudiño, legisladora de Juntos por el Cambio (JxC).
En su dura crítica por «los errores en materia de seguridad» de la administración provincial, la radical negrista pidió la comparecencia del ministro Alfonso Mosquera. “Es indispensable que el ministro de seguridad concurra al recinto y explique estos temas y muchos más”, acentuó.
La imputación a la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana María Becerra, reavivó este miércoles las críticas opositora al Gobierno provincial. El fiscal de Instrucción en lo Penal Económico de Primero Nominación (Fuero Anticorrupción), Matías Bornancini, resolvió imputar y recibir declaración de Becerra, quien fue acusada del delito Abuso de Autoridad en la causa que se sigue por la tramitación de un sumario administrativo del año 2017 en contra del Cabo Primero Lucas Damián Gómez. Esto en el marco de la causa que se sigue por el crimen de Valentino Blas Correa ocurrido en agosto de 2020.
Ante este escenario, la bancada de Juntos por el Cambio decidió llevar a debate en la sesión de la Unicameral un proyecto por el cual se solicita al Poder Ejecutivo informe respecto de la conformación y resoluciones del Tribunal de Conducta Policial, sobre todo en lo referente al caso Valentino Blas Correa.
El proyecto de resolución de la primera minoría parlamentaria motorizó el duro cuestionamiento de todo el arco opositor ante el caso de asesinato del joven y el «crecimiento de la delincuencia» en Córdoba.
“El gobierno debe reconocer los errores en materia de seguridad, porque si no los reconoce difícilmente puedan solucionarse, no es una cuestión de percepción sino una realidad”, resaltó Gudiño, al tiempo que lamentó «el tener que traer a debate a este recinto temas como el caso Blas Correa, pero notamos que es una constante la analgesia que demuestra el Gobierno de la Provincia ante estas situaciones”.
Al respecto, la integrante de la bancada JxC advirtió: “En 2020 presenté un pedido de informes para que explicaran porque fue reincorporado Lucas Gómez, miembro de la fuerza, que fue imputado y procesado por encubrimiento en una causa por delitos contra la integridad sexual sustanciada en el año 2018 y cuál había sido el informe del tribunal de de disciplina. Este mismo policía fue reincorporado a las fuerzas, siguió portando un arma y hoy está imputado por el homicidio a Blas Correa, situación que podría haberse evitado si el Tribunal se expedía y actuaba en consecuencia”.
”Paradójicamente, quien debería haber elevado una respuesta formal sobre lo solicitado en dicho proyecto, la Presidenta del Tribunal de Conducta Policial, Ana Beccera, es hoy imputada por el fiscal anticorrupción por abuso de autoridad, situación que debería preocuparle profundamente al gobierno”, acentuó la opositora.
En sus argumentos, la radical señaló que “todos somos iguales ante la ley, por más función política que se tenga, pero todavía no sabemos porque hubo policías protegidos por el poder político, que no debieron seguir en la fuerza portando armas, no debieron seguir siendo policías».
“En nuestro pedido, también quisimos saber cuál es el estado en relación a la fuerza policial de los agentes que participaron en el operativo en el que lamentablemente encontró la muerte el joven Correas. La respuesta es el silencio», aseveró la parlamentaria.
“La situación en materia de seguridad es grave, es crítica y requiere cambios sustanciales. Hoy la seguridad en la provincia de Córdoba esta puesta en tela de juicio, salgan a la calle y pregúntenle a cualquier vecino si se siente seguros, no vaya a ser que ustedes crean también que es una cuestión de percepciones y no una realidad que se los está llevando puestos. No hay política de seguridad”, sentenció Gudiño.
El Frente de Izquierda también demandó la interpelación al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, por las causas de Blas Correa y Joaquín Paredes.
La legisladora Noel Argañaraz pidió la presencia de Mosquera en la Unicameral «para que de explicaciones sobre la liberación de los policías vinculados al asesinato de Joaquín mientras se amedrenta a los amigos y familiares en Paso Viejo, y sobre las responsabilidades políticas del gobierno en el caso de Blas luego de conocerse la imputación de Becerra”. Y agregó: “La violencia policial, el abuso, el gatillo fácil y las torturas aumentaron en pandemia».
La representante de izquierda manifestó que “el caso de Blas dejó más claro que nunca que hay un ‘modus Operandi’ con la construcción de ‘supuesto enfrentamientos’, plantando armas. Como si fuera poco, estos agentes tenían causas pendientes de elevación a juicio y les permitieron portar armas».
Al respecto, indicó: «Por esta razón está imputada ahora Ana Becerra, vinculada al poder político. Hay una responsabilidad política enorme sobre la cual aún hay impunidad”.
Tras los discursos de los opositores, que incluyó también las expresiones de Marcelo Cossar (UCR), entre otras voces críticas, la mayoría oficialista pidió “respetar la división de poderes” y “dejar actuar a la Justicia”. Esta posición fue expuesta por la legisladora María Victoria Busso (Hacemos por Córdoba).
La parlamentaria oficialista argumentó que «corresponde respetar la división de poderes«. «Confío en esta Justicia ante un tema tan sensible que me parece que la política en este momento tiene que correrse de lado y dejar que realmente quienes están acupándose del tema se encarguen de responsabilizar a toda esta cadena de responsables», dijo.
En nombre del bloque Hacemos por Cordoba, Busso puntualizó que se suman «al pedido de Justicia por Blas» y calificó de «nefastos» los casos de gatillo fácil que han ocurrido en la provincia.
En contraposición, el radical Cossar lanzó: «¿Ustedes creen que el poder político no puede hacer nada para alivianar el dolor de esa familia que le mataron el hijo? ¿La única respuesta que le podemos dar es el silencio y la indiferencia?»
«Déjennos de decir que este es un tema estrictamente judicial. No es un tema estrictamente judicial. La única que está avanzando es la Justicia que es otra cosa; el Gobierno se calla, el ministro no viene, y nosotros los legisladores no estamos a la altura de la circunstancia con este tema. ¿Qué es más grave que maten a un chico de 17 años por parte de la Policía», enfatizó.
