País. Así se pronunció hoy en el marco del plenario de comisiones del Senado donde siete constitucionalistas y tres médicos evaluaron el polémico proyecto de ley girado por el Ejecutivo referido a la emergencia por Covid. En la vereda de enfrente, Gil Dominguez dijo que a su criterio «la delegación de facultades es pequeña o mínima», indicó que «se justifica la restricción temporal de derechos».
La senadora por Santa Fe María de los Angeles Sacnun (Frente para la Victoria), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, condujo el encuentro vespertino con los especialistas en derecho constitucional y facultativos con especialidad en enfermedades infecciosas y terapia intensiva. El encuentro se prolongó por más de tres horas.
Los constitucionalistas hablaron siete minutos cada uno. Posteriormente respondieron preguntas de algunos legisladores. Los especialistas en derecho que participaron de la audiencia, fueron Mariano Bar, Roberto Gargarella, Alejandro Fargosi, Domingo Rondina, Daniel Sabsay, Felix Lonigro y Andrés Gil Domínguez.
Los tres médicos que se explayaron sobre la situación sanitaria que se registra en el país fueron el pediatra especialista en enfermedades infecciosas Roberto Debbag, el intensivista y jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, Arnaldo Rubín y el director del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán.
Luego de las ponencias realizaron preguntas las senadoras Nancy Gonzalez (Chubut-FpV), Guadalupe Tagliaferri (CABA-Juntos por el Cambio), Gladys González (Buenos Aires-Juntos por el Cambio), Ana María Ianni (Santa Cruz-FpV) y José Mayans (Formosa-FPV).
Al término del encuentro con los constitucionalistas y médicos, Sacnun anunció la decisión de hacer circular el dictamen para poder darle tratamiento al proyecto en el recinto el jueves de la próxima semana. Su decisión fue respaldada por sus pares oficialistas Mayans, Dalmacio Mera (Catamarca) y Martín Doñate (Río Negro).
Exposiciones
El primer expositor fue el constitucionalista Mariano Bar opinó que el proyecto en discusión «tiene la razonabilidad que se requiere» y consideró que «la delegación legislativa propiamente dicha pareciera una delegación mínima».
Luego Roberto Gargarella consideró que «hay un problema interpretativo y debe resolverse primero con el texto de la Constitución en la mano que en esta materia es extremadamente claro, igual que con los DNU, en primer lugar es de repudio y además es nulo, y lo mismo diría de las facultades delegadas». Opinó que el proyecto «es hiper restrictivo» y podría «generar un enfrentamiento jurídico» con las provincias.
Alejandro Fargosi sostuvo que «lo que está en juego es la libertad y las autonomías provinciales, que no parecen estar respetadas». «Me llama la atención la parte de vacunación y testeos, no se dice una palabra respecto a que es facultad del gobierno nacional, tampoco se habla del gasto de la administración pública, y la igualación de esfuerzos se ponga en cabeza de algunas personas mientras otras se ven beneficiadas porque no tienen que ir a trabajar».
A su turno, Domingo Rondina dijo que «no puede decirse que es un proyecto de superpoderes, o poderes extraordinarios, sólo puede decirse algo así como una bravata», remarcó que «todo lo que se haga como ejercicio delegado debe pasar por el Congreso» y en este tema puntual «tenemos encuadre previo, marco de ejercicio y revisión ulterior».
El constitucionalista Daniel Sabsay puntualizó que a su entender «el fallo de la Corte Suprema (sobre CABA-Gobierno nacional por las clases presenciales) es una verdadera hoja de ruta» porque deja en claro lo que es «el federalismo, que las provincias son preexistentes a la nación, y que el DNU ha infringido las bases del consejo de Educación». «Lo que se está concediendo es un poder inmenso, por parámetros vagos, y el plazo no está claro», añadió.
Posteriormente, Felix Lonigro cuestionó la iniciativa gubernamental al juzgar que «tiene dos objetivos: determinar parámetros epidemiológicos dividiendo al país en zonas con cierta ambigüedad y el pedido de facultades extraordinarias para tener la potestad de modificar, aumentar o morigerar las restricciones».
Andrés Gil Dominguez dijo que a su criterio «la delegación de facultades es pequeña o mínima», indicó que «se justifica la restricción temporal de derechos» y se pronunció a favor de que se fije el próximo 31 de diciembre como plazo de vigencia de la ley.
El médico pediatra Roberto Debbag enfatizó que «es un proyecto de ley restrictivo desde el punto de vista sanitario» y sobre la presencialidad en las escuelas recalcó que la no concurrencia a clases «tiene un efecto físico y emocional en los chicos» y evaluó que esa medida «no reduce ni los contagios ni las muertes» de coronavirus.
En tanto, el médico intensivista Arnaldo Rubín fue quien alertó sobre la situación que se vive en los centros asistenciales. Remarcó que «estamos viviendo un colapso sanitario. Tenemos un desborde hospitalario. Las muertes aumentan drásticamente: dos de cada tres pacientes que entran a terapia intensiva mueren».
«En terapia intensiva hay fatiga terminal de médicos: Los enfermeros están con una carga brutal de trabajo. No tenemos que esperar que la gente se muera en las calles. Lo único que va a ser efectivo son las restricciones. ¿Se puede cotejar el riesgo psicológico de los chicos con la patética realidad de diez mil muertos en el último mes? Las medidas restrictivas son imprescindibles. Estamos viviendo una tragedia sanitaria sin precedentes. El sistema sanitario no da más», enfatizó Rubín con dramatismo.
Por último, Guillermo Durán habló sobre las conclusiones de un estudio que se realizó en los últimos días de abril, tras lo cual «sugerimos que sería un acierto el cierre de clases presenciales en las escuelas», a la vez que lamentó que en el encuentro de hoy haya habido «un desequilibrio de género en los expositores» al no haber concurrido ninguna mujer.