País. En medio de la tensión con la oposición, el oficialismo busca destrabar el proyecto que el año pasado logró la aprobación del Senado y que permitiría designar al nuevo jefe de la Procuración General de la Nación. Por su parte, Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo a la iniciativa. Negri insistió en afirmar que «mientras el país está en emergencia el kirchnerismo va por el control de la Justicia».
El Gobierno del Frente de Todos confía en destrabar definitivamente el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que el año pasado logró la aprobación del Senado, pero no pasó luego el filtro de la Cámara Baja del Congreso.
La polémica por este proyecto del Poder Ejecutivo volvió a activarse ayer con el desarrollo de un plenario de comisiones de Diputados durante el cual cuatro expertos convocados por el oficialismo expusieron sobre distintos aspectos de la reforma, sin la participación de la principal bancada opositora.
«Sin consulta con la oposición y con expositores invitados a favor del proyecto del Gobierno, el oficialismo montó un show para vestir de legalidad el intento más burdo de garantizar la impunidad de exfuncionarios kirchneristas», afirmó el interbloque Juntos por el Cambio (JxC) en un comunicado.
En su pronunciamiento conjunto, los diputados nacionales de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica remarcaron que «quienes voten esta ley deberán hacerse cargo frente a la sociedad porque amenaza la supervivencia del sistema Republicano de Gobierno».
«Esta reforma al Ministerio Público Fiscal pretende debilitar la figura del Procurador General y nombrar a una persona dependiente del poder kirchnerista al frente de la persecución penal en todo el país», completaron.
El enojo de la oposición, aseguran desde el Frente de Todos, tiene que ver en realidad con que el oficialismo habría logrado el consenso necesario para lograr la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados y que, dadas las modificaciones implementadas al proyecto original, vuelva al Senado para su sanción.
El titular de la Cámara Baja del Congreso, Sergio Massa, le habría confirmado al ministro de Justicia Martín Soria que el oficialismo logró juntar los votos para conseguir la reforma, según pudo reconstruir Télam.
La foto que protagonizaron el jueves el ministro Soria y el diputado nacional José Luis Ramón (interbloque Unidad Federal Para el Desarrollo) evidenció el avance del oficialismo en la conquista de los votos: con esa eventual adhesión no lograría el número clave (los 129 votos que requiere el quorum), pero desde el Frente de Todos aseguran que «los votos están».
El plan del oficialismo incluye emitir el dictamen de comisión el próximo martes y tratarlo la semana siguiente en el recinto de Diputados, según informaron a la Agencia Nacional de Noticias fuentes del oficialismo que se manifestaron confiadas en poder avanzar con la aprobación del proyecto de ley por el cual se modifican las leyes 27.148 de Ministerio Público Fiscal, y 27.149 de Ministerio Público de la Defensa de la Nación, sobre la designación del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación.
Ante la foto de Soria y Ramón, desde Juntos por el Cambio apuntaron contra los «falsos opositores que le vendieron su voto a CFK». A través de las redes sociales, la extitular de Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, compartió las fotos de los seis diputados que junto a Ramón conforman el interbloque Unidad Federal Para el Desarrollo.
— lauraa (@lauritalonso) May 15, 2021
Rechazo
Ante este escenario, el jefe del interbloque de diputados de JxC, Mario Negri, reconoció que «para el martes que viene, han citado a una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales para dictaminar este tema».
«Tienen una idea loca de aprobar esta ley de Ministerio Público que envió el Senado, que además de ser un mamarracho jurídico, tiene la sola intención de manejar los fiscales en el sistema acusatorio que se está poniendo en marcha. Y, a partir de ahí, resolver los problemas judiciales del kirchnerismo y buscar la impunidad», acentuó.
«Si llegan a lograr este cometido, los peligros de persecución política sí van a existir en serio», resaltó el radical en su rechazo a la iniciativa y la jugada del oficialismo.
«No hay tiempo para que la sociedad tome dimensión de la gravedad de esto porque la gente tiene fatiga social, en cinco meses la inflación crece al 4% mensual, aumentan los alimentos 60%, aumentan las naftas, aumentan las tarifas y el doctor Zaninni le cuenta a los argentinos que tienen familiares muertos por Covid cómo se puede vacunar alguien sólo por estar en el poder, le da otra bofetada a la sociedad. En este contexto, de rondón, van por el control de la Justicia, van por todo», enfatizó el diputado cordobés.
El proyecto del oficialismo establece la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, es decir la mitad más uno del total de la Cámara alta, en lugar de la mayoría calificada de dos tercios que opera actualmente. También pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del Procurador General de la Nación.
Se dispone que el procurador o procuradora general de la Nación sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. El proceso de remoción podrá iniciarse por decisión fundada del Ejecutivo Nacional comunicada a la Cámara de Diputados, o a solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados. En ambos casos, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
Aunque se dispone que para la remoción del procurador se requiere el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara Alta, el Senado de la Nación podrá suspender al procurador o procuradora general de la Nación del ejercicio del cargo, mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
