País. Tras más de cinco horas de debate, el oficialismo consiguió un texto con las 34 firmas. Juntos por el Cambo rubricó uno propio con 30 avales. En tanto, el Frente de Izquierda también se opuso a la iniciativa. La diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) firmó su propio dictamen de minoría. Por su parte, el diputado José Luis Ramón denunció “aprietes” por respaldar la iniciativa.
El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió este miércoles dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para el proyecto de ley del Ejecutivo que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal, iniciativa que quedó habilitada para su tratamiento en el recinto.
El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.
Tras más de cinco horas de debate y siendo las 00:40 ya de este miércoles, el Frente de Todos logró dictamen de mayoría con las 33 firmas propias y la del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo), en tanto que Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 30 avales mientras que la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto alternativo.
La ronda de exposiciones comenzó con la diputada Vanesa Siley (FdT-Buenos Aires), quien señaló que “el planteo de un límite al mandato y de una mayoría menos agravada para la designación, no es un planteo que nazca de un sector político, es un planteo que ha sido formulado por todos los sectores políticos del Congreso”, recordó Siley.
Asimismo, la oficialista destacó que el dictamen “está atravesado por un fuerte contenido en materia de género” en el Ministerio Público Fiscal y ejemplificó que “prevé la perspectiva de género en el jurado para los concursos y en el contenido de los mismos”.
«La cuestión sobre la designación y las mayorías, a los efectos del nombramiento del Procurador, de pasar de los dos tercios a la mayoría absoluta, se liga con el hecho de que la permanencia en su cargo ya no será más vitalicia, y por eso no se requieren esas mayorías, dispuestas en su momento por ley y no por la Constitución”, detalló Siley.
El diputado Gustavo Menna (UCR) adelantó el rechazo del interbloque Juntos por el Cambio al proyecto: “Lo consideramos abiertamente contrario a los postulados de la Constitución Nacional”.
“Estamos habilitando un mecanismo que va a dar lugar a que vuelva la injerencia del poder político sobre el trabajo de los fiscales”, alertó Menna. “No podemos hacer una norma a la luz de la coyuntura. Debemos pensar una norma a la luz de la defensa permanente de las libertades, de las garantías y de un proceso penal que sea transparente”, expresó.
El diputado Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, también se opuso a la iniciativa. “Esto empeora lo que existe actualmente. Desde nuestro punto de vista el Procurador, los jueces y fiscales tienen que ser electos por el voto popular”, explicó.
La diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, manifestó su desacuerdo con el proyecto, “porque no se cumple bajo ningún punto de vista la oportunidad para tratarlo”. “Lamento que el oficialismo haya traído este debate, nos aleja mucho de las necesidades que tiene nuestro pueblo”, dijo, antes de adelantar que presentaría un dictamen propio.
Desde el bloque Unidad y Equidad Federal, el diputado José Luis Ramón denunció “aprietes” por respaldar la iniciativa y explicó que “el Ministerio Público no solamente persigue cuestiones penales, sino también cuestiones civiles, de consumidores, de medio ambiente, se debe ampliar la manera de actuar”.
Asimismo, defendió la incorporación de una Procuraduría que “proteja el derecho de los consumidores para evitar las masivas estafas”.
Tras más de cinco horas de debate, el Frente de Todos reunió las firmas suficientes en ambas comisiones para obtener el dictamen de mayoría, aunque tiene dificultades para lograr las adhesiones que le permitan alcanzar la aprobación en el recinto de sesiones.
Pese al apoyo ratificado por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que lidera el mendocino José Luis Ramón, en la última semana varios bloques anunciaron su rechazo, lo que deja al oficialismo en una frágil situación, que lo obliga a postergar la convocatoria a sesión hasta no tener asegurados los votos.
Los diputados de Consenso Federal (Lavagñismo), Córdoba Federal (legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti) y el Frente de Izquierda se sumaron al bloque del rechazo que lidera la coalición Juntos por el Cambio.
En este contexto, al oficialismo le faltarían siete votos y solamente quedan dos diputados sin pronunciarse: el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia.
Dictamen de mayoría
El despacho aprobado en comisión modifica el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara Alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir al Procurador, que fueron propuestas por el ministro de Justicia Martín Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto presentado originalmente y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador, ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se requerirán cinco votos -que implica los dos tercios- y cuatro votos para el resto de las decisiones.
