País. El documento, que será presentado este miércoles ante la Cámara de Diputados, está firmado entre otros por Raúl Zaffaroni, Eduardo Barcesat y Lucila Larrandart. La presentación incluye una denuncia penal por muertes por Covid-19, a raíz del fallo a favor de las clases presenciales en la CABA.
Los ex jueces Raúl Zaffaroni y Lucila Larrandart y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat dieron a conocer el texto del pedido de juicio político y denuncia penal contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires que, según entienden, potenció los contagios y las muertes por coronavirus.
“Es muy probable que los jueces no se hayan representado la alta probabilidad del resultado, pero les era exigible que lo hubiesen hecho… les hubiese permitido conformar y ponderar el estándar epidemiológico, a partir de los indicios de peligro que revela todo aumento de circulación”, sostiene el texto, al que tuvo acceso NA.
El pedido de juicio político apunta a la decisión de la Corte de avalar la decisión de las clases presenciales sin consultar a especialistas u organismos especializados en la pandemia y desautorizando al Gobierno nacional como autoridad sanitaria federal.
“Cualquier funcionario público que tomase una decisión en la emergencia, sin conocimientos científicos propios por su especialidad o, en caso contrario, sin la debida asistencia de peritos, cuando los tuviese disponibles en nivel técnico y en cantidad, es obvio que incurriría en una imprudencia gravísima”, se advirtie en la presentación.
La denuncia apunta a los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, a quienes les imputa “mal desempeño de sus cargos y su posible participación en los delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato”.
Atento a esas figuras contempladas en el Código Penal, el planteo apunta no sólo al juicio político sino también a la “intervención a la justicia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos señalados”.
El fallo de la Corte –sostiene el texto de los juristas afines al kirchnerismo- exigía una “adecuada motivación”, pese a lo cual “la Corte Suprema no requirió el parecer de ningún perito en la materia, cuando el país cuenta con profesionales e investigadores distinguidos e incluso podía haberlo solicitado de autoridades internacionales o de la propia OMS o de la Oficina Panamericana de la Salud y de su propio Cuerpo Médico Forense, de antigua y probada capacidad técnica”.
