Ciudad de Córdoba. La denuncia será presentada este lunes en Defensa del Consumidor por incumplimiento de las empresas concesionarias del servicio de transporte público de pasajeros.
La concejala Cinta Frencia (Partido Obrero-Frente de Izquierda), con el patrocinio de Soledad Díaz, presentará este lunes a las 11 una denuncia en Defensa del Consumidor por incumplimiento de las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros.
En este sentido, la edila de izquierda afirmó que “el último paro de transporte dejó a miles de trabajadores a pie y la entera responsabilidad es de las empresas concesionarias».
«Han tomado como rehenes a usuarios y choferes para establecer una extorción por el incremento de subsidios, y para ello decidieron retener indebidamente parte del salario de los trabajadores», denunció Frencia y acentuó: «La falta de prestación del servicio por más de 48horas es motivo de caducidad de las concesiones, sin embargo el gobierno de Llaryora no ha tomado medida alguna al respecto».
Al hablar de «una larga lista de incumplimientos patronales», Díaz advirtió que «las empresas no cumplen con las frecuencias establecidas en el pliego de licitación, ni con la cantidad de unidades previstas, estos incumplimientos están agravando severamente las condiciones sanitarias en el transporte urbano, en un cuadro crítico para la ciudad».
«Tanto el Marco Regulatorio como el Pliego de Licitaciones establecen no solo una serie de obligaciones para con las empresas, sino que obliga al municipio a garantizar el servicio y para ello establece una serie de mecanismos de intervención que van desde solicitar informes contables a las empresas y multas por incumplimientos, hasta la caducidad o suspensión de la concesión, confiscando la flota de colectivos para garantizar el servicio”, manifestó la abogada y dirigente del Partido Obrero.
En sus argumentos que motivan la presentación ante Defensa del Consumidor, la letrada aseguró que “las empresas se encuentran en un desconocimiento flagrante del contrato de concesión, y lo hacen para aumentar sus ya abultados bolsillos». «El gobierno de Llaryora no toma intervención porque se coloca como garante de los intereses empresariales, en lugar de garantizar un servicio esencial para la población», completó.
A su vez, Frencia renovó su demanda ante el Ejecutivo municipal acerca del pedido de informe presentado en el Concejo Deliberante respecto al destino de los subsidios percibidos por las empresas. A esto se suma la denuncia que impulsan ante Defensa del Consumidor. «El transporte en manos de las empresas termina siendo un servicio carísimo para la población y absolutamente ineficiente», aseveró la edila opositora.
