País. La iniciativa oficialista propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero.
El Senado de la Nación sancionó por amplia mayoria (55 votos afirmativos, 1 negativo y 6 abstenciones) la ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
La sesión fue seguida desde el recinto de la Cámara Alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron como «un día histórico» el de hoy por la discusión de esta norma.
De acuerdo a la iniciativa que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo trans víctimas de travesticidios, el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas travestis, trans y transgénero.
Entre los beneficios que estipula la ley para este personas pertenecientes a este colectivo se encuentra la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque no haya completado los ciclos de formación educativa, aunque se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.
A su vez, la iniciativa prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses (dependiendo del tamaño de la empresa) en caso de contratar personal de este colectivo. La norma también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo, garantizando capacitación para el acceso al beneficio.
Por otra parte, no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.
La ley fue impulsada por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, en un trabajo mancomunado con las diputadas nacionales Mónica Macha, Gabriela Estévez, Vanesa Siley y Cristina Álvarez Rodríguez.
“La Argentina ha vuelto al mundo como referencia en materia de Derechos Humanos. El año pasado aprobamos la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y hoy, después de muchos años de militancia por parte de las organizaciones travestis y trans, logramos la sanción de la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans. Hemos recuperado la senda del progreso con inclusión, reparando allí donde históricamente se había discriminado y violentado, avanzando con decisión política hacia la construcción de una sociedad plural e igualitaria”, expresó Estévez.
“La Ley de Cupo e Inclusión representa la profundización de la senda de reparación que empezó Néstor Kirchner con el Plan Nacional Contra la Discriminación y que continuó Cristina Fernández de Kirchner con la Ley de Identidad de Género. Estamos sacando al colectivo travesti trans de los sótanos de nuestra democracia y construyendo un horizonte de ciudadanía plena. Estamos construyendo un futuro de amor, igualdad y libertad para las infancias trans de todo el país”, manifestó la diputada camporista.
Por su parte, el activista trans y vicepresidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias Thiago Galván señaló que «hoy se salda una deuda muy grande en Argentina porque el acceso al trabajo implica poder proyectarse, elegir y embarcarse en un proyecto de vida. Hoy celebramos la voluntad política de un Estado que nos escucha activamente, pero por sobre todas las cosas, nos celebramos a nosotres, a nuestra fortaleza, a nuestra militancia y a nuestro derecho a vivir plenamente”.
“Hoy empezamos a escribir otro capítulo de nuestra historia, la de una Argentina más igualitaria. Nuestro colectivo va a poder acceder al trabajo formal. Esto va a repercutir en lo individual y lo colectivo», dijo la presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina Claudia Vásquez Haro y acentuó: «Esta ley es legítima desde su origen, porque se construyó desde las bases y representa nuestras voces y demandas en primera persona”.
La fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja, integrante del Frente Orgullo y Lucha Marcela Tobaldi afirmó que «las travestis y trans fuimos excluidas de todos los derechos humanos fundamentales, hoy el Congreso entendió que debía modificar nuestro destino de violencias y muerte. Estoy segura que este acceso al empleo formal, empleo decente, repercutirá en nuestros promedios de expectativa de vida».
Actualmente, el colectivo travesti trans tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años de edad en la Argentina como consecuencia de la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, comenzando por su exclusión estructural del mercado laboral formal. 9 de cada 10 personas travestis y trans no cuentan con un trabajo registrado, condicionando a la mayoría de ellas al ejercicio de la prostitución y, como extensión, a la violencia institucional y el deterioro de su salud integral.