Córdoba. Desde el bloque opositor demandaron que la iniciativa presentada en 2019 se trate en la sesión de este miércoles. Establece el cupo en la esfera pública y en la privada, a través de incentivos fiscales. Por su parte, dos legisladores del oficialismo (Mariana Caserio y Miguel Maldonado) presentaron ayer un proyecto en igual sentido.
El legislador Dante Rossi (UCR) pidió el tratamiento del proyecto de ley de cupo trans en la sesión de este miércoles en la Unicameral. La iniciativa había sido presentada en diciembre de 2019 con el número 29813/L/19 y fue rehabilitado a pedido del legislador con el número 33158/N/21.
«La aprobación de la iniciativa a nivel nacional pone la pelota en la cancha de Córdoba, que debe avanzar en el reconocimiento de derechos», argumentó el radical al hacer mención a la aprobación de la ley por parte del Senado de la Nación. (Ver nota: El Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti trans).
La Cámara Alta del Congreso sancionó el jueves pasado por amplia mayoria (55 votos afirmativos, 1 negativo y 6 abstenciones) la ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que establece que el Estado nacional deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
En el caso de Córdoba, Rossi afirmó que el proyecto tiene por objeto la promoción de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo formal de las personas travestis, transexualesy transgéneros, a través del reconocimiento y ejercicio pleno del derecho al trabajo.
Las disposiciones establecidas en la norma que busca ser aprobada se aplicarán a todas aquellas personas mayores de 18 años, que cuenten con una residencia habitual no menor a dos años en el territorio de la Provincia y que reúnan las condiciones de idoneidad que correspondan según el cargo.
La iniciativa establece el cupo en la esfera pública y en la privada, a través de incentivos fiscales.
En cuanto al cupo laboral público, se fija que la administración pública provincial, organismos descentralizados, las empresas del Estado, sociedades del Estado y agencias del Estado, las entidades autárquicas, las personas jurídicas de derecho público no estatal, las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, Poder Legislativo y Judicial se encuentran obligados a ocupar personas travestis, transexuales y/o transgéneros en un porcentaje no menor al uno por ciento (1%) del total de personal contratado a los fines de la prestación de servicios, obras o tareas según corresponda.
Acerca del cupo laboral privado, el proyecto dispone que las personas humanas y/o jurídicas que contrataren a personas travestis, transexuales y transgenero, y se encuentren comprendidas en el Sistema Integrado Previsional Argentinocreado por Ley 26.425 o la que en el futuro la reemplace, tendran derecho a una reducción parcial de hasta un veinte por ciento (20%) de la obligación tributaria correspondiente a ingresos brutos, inmobiliario urbano y/o rural en cada periodo fiscal mientras se mantenga la contratación.
La iniciativa establece que en el caso en que sea exigido como requisito de ingreso certificado de buena conducta o antecedentes y siempre que los mismos guarden relación directa o indirecta con la identidad sexual o el trabajo de los postulantes, el mismo no será tenido en cuenta como antecedente en la selección del agente o personal según corresponda.
A su vez, en el texto de la futura norma se indica que la Comisión Interministerial de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual tendrá a su cargo su aplicación, teniendo a su cargo entre otras funciones la creación, mantenimiento y actualización de un registro de empleo de personas travestis, transexuales y/o transgéneros; y el registro de personas humanas y/o jurídicas aspirantes a la contratación de personas travestis, transexuales y/o transgeneros en el marco de las disposicones establecidas en la norma a sancionarse.
En este plano, Rossi señaló que «la iniciativa intenta erigirse en una herramienta paliativa y reparadora de desigualdades e injusticias estructurales que han sufrido y sufren en la actualidad grupos desaventajados que, por su la identidad de género autopercibida son excluidas y hasta segregadas en el goce y ejercicio de derechos humanos fundamentales».
«El incorporar o regular sobre la existencia de un cupo laboral, por cierto, lejos está de resolver las desigualdades y exclusiones, sin embargo intenta ser una herramienta que permita el acceso al menos a uno de los derechos humanos vulnerados, cual es el trabajo digno», destacó el parlamentario.
Proyecto de oficialistas
Ayer, ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins» con las firmas de los legisladores Mariana Caserio y Miguel Maldonado (Hacemos por Córdoba) y el apoyo de las organizaciones locales que integran la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, a saber, Devenir Diverse, La Bisagra y La Cámpora Diversa y Disidente, así como con el respaldo de la Casa de Varones Trans, No Binaries y Familias.
El proyecto emula la Ley 27.636 aprobada el jueves pasado en el Senado de la Nación y recupera como antecedente un proyecto similar presentado por el legislador Martín Fresneda (MC) en el año 2018. Entre las principales políticas públicas que propone el proyecto se destacan: un cupo laboral del 1% para personas travestis, transexuales y transgénero en el Estado provincial; incentivos impositivos para las empresas privadas que contraten personas travestis, transexuales y transgénero; y apoyo financiero para emprendimientos travestis, transexuales y transgénero.
