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Abogado de SOCMA denunció «presión» de Zannini para que se avance con «celeridad» en la quiebra del Correo Argentino

País. El letrado que patrocina a la familia Macri afirmó que si la Cámara avala la postura del procurador del Tesoro, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Jaime Kleidermacher, que patrocina a la familia Macri, aseguró este sábado que si la Cámara en lo Comercial avala la postura del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de que el grupo SOCMA debe abonar unos 300 millones de dólares al Estado, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.

En este marco, el letrado denunció la «presión» del Gobierno nacional y el Ministerio Público para que se avance con «celeridad» en el expediente.

«La celeridad que le imprimen al proceso que tuvimos recientemente y la presión que se ejerce desde la Procuración del Tesoro y la Fiscalía es evidente. Hay una vocación evidente de avanzar rápido. Nosotros vamos a presentar todos los recursos que por derecho nos correspondan», destacó el letrado.

En diálogo con Estudio Abierto, el programa que conduce Alejandro Itkin en Radio Rivadavia, cuyas declaraciones fueron reproducidas por NA, Kleidermacher explicó que «Correo Argentino es una empresa privada que pertenece en parte al grupo SOCMA y que debió presentarse en concurso preventivo por los incumplimientos del Estado».

«Cuando asumió el Gobierno de (Néstor) Kirchner, rescindió el contrato de concesión y le sacó a la empresa todos sus activos: se los saca sin pagar un centavo, no hay expropiación, sino confiscación», advirtió.

Al respecto, indicó que los activos pasaron a Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), que «hoy presta el servicio de correos, utiliza los activos sin pagar un centavo, pero le dejó a Correo Argentino S.A. todas las deudas».

«No era una deuda acumulada de años: era un año de cánon», afirmó el abogado de la familia Macri, quien sostuvo además que Correo Argentino S.A. «ha hecho más de seis o siete ofertas de pago al Estado: la última fue decirle que se pagaba el 100 por ciento de la deuda, con todos los intereses y, si no aceptaba, abonaba lo que la Justicia calculara. El Estado, sin dar ningún argumento, lo rechazó».

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