País. La presentación apunta tanto al ex presidente como a varios de sus ministros. Los acusa de haber colaborado con «la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país».
Con la firma de los ministros Sabina Frederic (Seguridad) y Martín Soria (Justicia y Derechos Humanos), y Mercedes Marcó del Pont, Administradora Federal de Ingresos Públicos, el Gobierno nacional denunció penalmente el contrabando ilegal de armamento y municiones que el gobierno de Mauricio Macri envió a Bolivia el 12 de noviembre de 2019.
Para el Gobierno de Alberto Fernández, el objetivo de la maniobra fue poner ese material represivo a disposición de la dictadura que dos días antes había derrocado al gobierno democrático de Evo Morales con apoyo de las fuerzas armadas bolivianas. El desvío se produjo días antes de las masacres de Sacaba y Senaka, donde murieron más de 20 personas y hubo más de 200 heridos por disparos de bala.
Según el escrito, “los graves hechos denunciados merecen una profunda e inequívoca condena por traicionar nuestra propia historia, y pueden resumirse con vergüenza y dolor en una contundente frase: Argentina contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto”.
La maniobra habría contado con la «participación criminal» de Mauricio Macri (ex Presidente de la Nación), Patricia Bullrich (ex Ministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (ex Ministro de Defensa), Jorge Faurié (ex Ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex Director General de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex Director Ejecutivo de la ANMaC), Gerardo José Otero (ex Director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina).
Se imputan los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.
Los hechos salieron a la luz gracias al descubrimiento de una misiva enviada el 13 de noviembre de 2019 por el entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara, actualmente detenido por su participación activa en el golpe de estado, al entonces Embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García.
En la carta se evidencia la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno Argentino.
Ese descubrimiento derivó en investigaciones administrativas durante el fin de semana, a través de las cuales se recolectó información y documentación de distintos organismos del Estado. La prueba material acompañada en la denuncia corrobora el envío del armamento -que se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina- y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas.
Entre la documentación aportada, se evidencia que luego de un primer pedido de autorización de salida del país de armamento para la protección de la Embajada presentado por la Gendarmería Nacional el 11 de noviembre de 2019, se sumó una ampliación al día siguiente, el 12 de noviembre, en donde se añadían 70.000 municiones antitumulto a las 3.600 informadas en un primer momento.
En la ampliación también se incorporan gases lacrimógenos y granadas, es decir, el mismo tipo de material que consta en la “carta de agradecimiento”. Los documentos también evidencian las irregularidades en la documentación presentada por Gendarmería ante la Aduana en el egreso y en el ingreso al país del armamento.
Por último, se demuestra que en el pedido de autorización de armamento presentado por la Embajada ante la Policía Boliviana figura el material incluido en la autorización del 11 de noviembre, pero no las 70.000 municiones antitumulto, las granadas ni el gas lacrimógenos que se añadieron el 12 de noviembre, y que conformaría el material desviado.
Los denunciantes recordaron la carta enviada por el Presidente Alberto Fernández a su par boliviano, Luis Arce, el pasado viernes, y señalaron que “continuando con la vocación democrática de nuestro Gobierno es que venimos por la presente a denunciar los hechos mencionados. De este modo, buscamos poner a disposición de la Justicia todos aquellos elementos probatorios con los que cuenta el Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de poder dilucidar los hechos sucedidos y las respectivas responsabilidades penales que pudieran caber”.
