País/Mundo. «Esta resolución es un hito en la batalla contra la crisis climática. Trae esperanza en un contexto de desastres climáticos en el mundo que tienen un impacto devastador para los derechos de miles de personas», afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó hoy una histórica resolución que reconoce el derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. La resolución fue apoyada por una gran mayoría de los miembros del Consejo, incluyendo Argentina.
Amnistía Internacional junto con más de 1.100 grupos de la sociedad civil y de pueblos indígenas habían solicitado a los miembros que adopten esta resolución para dejar en claro que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y hacer efectivo este derecho.
«Esta resolución es un hito en la batalla contra la crisis climática. Trae esperanza en un contexto de desastres climáticos en el mundo que tienen un impacto devastador para los derechos de miles de personas. El Consejo de Derechos Humanos reconoció por fin que el disfrute de los derechos humanos depende también del medio ambiente en el que vivimos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El fracaso de los gobiernos a la hora de proteger el planeta y el continuo apoyo a las industrias destructivas para el ambiente suponen un ataque contra los derechos humanos a gran escala. Amnistía Internacional celebró la adopción de esta resolución, que debería haberse producido hace mucho tiempo.
Ahora, la organización exige a los Estados garantizar que la resolución se traduzca en un cambio real. Para ese objetivo, es necesario que se hagan efectivos sus compromisos ambientales y que se reconozca este derecho en la legislación nacional.
Finalmente, hoy también se estableció el mandato de un Relator Especial sobre Derechos Humanos y Cambio Climático, otro paso fundamental.
Ambas resoluciones son el resultado de los continuos esfuerzos de un amplio abanico de actores estatales y no estatales, incluidos los defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo.
