País. Según las proyecciones se prevé generar en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y crear más de 21.000 puestos de trabajo.
La presentación de la iniciativa, que se hizo en el marco del Consejo Económico y Social, se realizó en la terminal de Toyota, donde más temprano el ministro de Desarrollo Productivo acompañó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una recorrida para conocer una variada gama de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales.
El proyecto plantea un régimen de beneficios tanto para la demanda, tales como que “quienes compren vehículos eléctricos tendrán un bono verde que podrán descontar de manera directa del precio del vehículo, de artículos auxiliares como los cargadores, y se removerá de la base imponible de bienes personales a dichos vehículos”, explicó el ministro Matías Kulfas.
Asimismo, prevé beneficios para la oferta, que incluye terminales, autopartistas, fabricantes de baterías y cargadores, serían temporales, con una duración de 20 años, y decrecientes en el tiempo para acelerar las inversiones.
De aprobarse la norma, para el año 2030 se proyectan inversiones por 5.000 millones de dólares en terminales automotrices, lo que generaría 12.500 puestos de trabajo; por 1.500 millones de dólares en sectores autopartistas, que implicarían la creación de 6.000 empleos, y por 1.800 millones de dólares en el rubro de fabricantes de baterías, con 2.500 puestos de trabajo nuevos.
En ese escenario de inversiones por alrededor de 8.300 millones de dólares, se generarían exportaciones por 5.000 millones de dólares, y se espera obtener un ahorro acumulado de 10.7 millones de toneladas de CO2 equivalente.
Kulfas precisó que el proyecto propone la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, que sería el primer régimen productivo argentino con una institución de I+D (Investigación y Desarrollo) con programas promocionales específicos, que buscarán promover el desarrollo científico, tecnológico y volcarlo al sistema productivo del sector.
El texto plantea que desde el año 2041 no podrán comercializarse vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional, y cubre toda la movilidad terrestre, ya sean móviles livianos, medianos, pesados, de pasajeros, de carga, la micromovilidad, o los experimentales, entre otros.
También impulsa un Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (FODEMS) que garantice la disponibilidad y sustentabilidad de financiamiento que requerirá el régimen a lo largo de sus 20 años, que tomaría fondos de diversas fuentes y los aplicaría a la inversión necesaria para la reconversión.
Participaron también de la actividad el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y los secretarios de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, y de Política Tributaria, Roberto Arias.