Ciudad de Córdoba. «El avance descomunal de los emprendimientos inmobiliarios en esta región de la ciudad no es acompañado por una inversión en materia de servicios público», afirmó una de las impulsoras de la denuncia penal que la Izquierda presentarán este martes en Tribunales.
Dirigentes del Partido Obrero (PO) en el Frente de Izquierda presentarán este martes a las 9 una denuncia penal contra el intendente Martín Llaryora en Tribunales II. La presentación también alcanza al subdirector de Mantenimiento de Redes Rubén Franchin, el secretario de Gobierno Miguel Siciliano y los eventuales responsables del desborde cloacal en Villa Páez y Alberdi.
En el marco de la denuncia, la candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, Soledad Díaz, afirmó que “la desinversión y los negociados con los grandes especuladores inmobiliarios son un cóctel explosivo, que en este caso han dejado a once familias evacuadas y una enorme crisis sanitaria y estructural en la zona afectada».
“Se trata de un desenlace largamente anunciado. Es por todos conocido que el avance descomunal de los emprendimientos inmobiliarios en esta región de la ciudad no es acompañado por una inversión en materia de servicios públicos que soporte el incremento de la densidad poblacional”, advirtió la ex legisladora provincial.
Por su parte, la concejala Cintia Frencia (PO- FIT) expresó que «la desidia estatal, que desoyó todos y cada uno de los reclamos de los vecinos, terminó en una crisis sanitaria y ambiental sin antecedentes recientes en la ciudad».
«Durante más de dos semanas ininterrumpidas las aguas servidas son arrojadas sin saneamiento al Río Suquia, agravando la contaminación que desde hace años viene ocurriendo ante la ausencia de funcionamiento de la Planta de Bajo Grande”, acentuó.
En este sentido, la representante de la izquierda en el Concejo remarcó que “el colapso cloacal en barrio Alberdi y Villa Páez es la gráfica acabada de las consecuencias dramáticas de una orientación social en beneficio de los especuladores inmobiliarios, las empresas constructoras y los negociados detrás de la obra pública”.
