País. El Ejecutivo nacional recibió el pedido del juez federal de Dolores Martín Bava y rápidamente comenzó a redactar el decreto. Alberto Fernández lo firmó antes de partir a Roma.
El presidente Alberto Fernández firmó hoy el decreto para relevar del secreto de estado al ex mandatario Mauricio Macri para que éste pueda prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores.
Fuentes oficiales indicaron que el jefe de Estado lo dejó listo antes de partir con destino a Roma, Italia, este jueves por la noche.
Antes de que la vicepresidenta Cristina Kirchner quede a cargo del Poder Ejecutivo, el mandatario relevó a Macri del secreto de estado que hoy le impidió prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017.
El decreto que firmó Fernández fue preparado por la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, que se propuso dejarlo listo antes del viaje internacional del jefe de Estado, que partirá esta noche y regresará a la Argentina el próximo miércoles 3 de noviembre.
Ante el juez federal de Dolores Martín Bava, la defensa de Macri planteó que no podía declarar si no se lo relevaba del secreto de estado que le corresponde por ser un ex presidente.
El magistrado le había solicitado a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que le diera luz verde para hablar en la causa, pero el organismo estatal le contestó que esa tarea estaba a cargo del Poder Ejecutivo.
Tras hacer lugar al pedido del abogado de Macri, Pablo Lanusse, el juez Bava cursó el pedido al Presidente, que rápidamente se puso en marcha con la firma del decreto.
Decreto
A través del decreto 750, el mandatario relevó a Macri de la «obligación de guardar secreto y confidencialidad, en el marco de la causa No 8559/20 caratulada ‘Iuspa Benítez, Nicolás y otros s/Averiguación de delito querellante: Mereles, Andrea Alejandra y otros'».
En los considerandos, Fernández consignó que relevó al expresidente por su condición de «imputado de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales».
«Corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente», completó Fernández.
