País. Las críticas se concentran en el plazo, ya que los representantes de los abogados y los jueces que se pronunciaron sobre el tema coincidieron con el criterio que fijó la Corte Suprema, de aumentar el número de miembros para evitar el predominio del estamento político por sobre jueces, abogados y académicos.
Los estamentos de jueces y abogados advirtieron que el plazo de 120 días que la Corte Suprema de Justicia fijó para que el Consejo de la Magistratura se amplíe a 20 miembros es «imposible de cumplir».
Es por ello que solicitaron al Ejecutivo nacional y al Congreso que impulsen una nueva ley para cumplir con ese requerimiento, mientras que la Casa Rosada ya decidió que incluirá un proyecto referido al Consejo en las sesiones extraordinarias que convocará a mediados de este mes. (Ver nota: La ley del Consejo de la Magistratura impulsada por el Ejecutivo se tratará en extraordinarias del Congreso).
Los pedidos de una nueva ley surgieron tras la reunión que, seis días después del fallo, mantuvo el Consejo con las autoridades de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), entidades que agrupan a magistrados y a profesionales del Derecho que ejercen en CABA.
El vicepresidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, se sumó a las advertencias sobre la imposibilidad de cumplir con el lapso fijado por la Corte, al plantear en declaraciones radiales que se trata de «un plazo que no tiene mucho sentido» y cuestionar que se haya dejado pasar mucho tiempo cuando «ahora hay que apagar el incendio en 120 días».
La decisión del máximo tribunal implica que el Consejo debe retornar a su composición anterior, por lo que deberá ampliarse de sus 13 miembros actuales a 20 integrantes, que se distribuirán entre cinco jueces (uno de ellos, el titular de la Corte, este domingo el santafesino Horacio Rosatti), cuatro diputados, cuatro senadores, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Ejecutivo.
Las críticas se concentran en el plazo, ya que los representantes de los abogados y los jueces que se pronunciaron sobre el tema coincidieron con el criterio que fijó el máximo tribunal de Justicia, de aumentar el número de miembros para evitar el predominio del estamento político por sobre jueces, abogados y académicos.
El propio Consejo de la Magistratura, que encabeza Diego Molea, le pidió al presidente Alberto Fernández y a los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, la «pronta sanción» de una ley de integración y organización del organismo que cumpla con el fallo dictado por la Corte Suprema.
