País. “Hace 18 años que vivimos en esta excepcionalidad, paralegal, en la que el Estado interviene con fondos del Tesoro Nacional para controlar precios en lugar de generar las condiciones macro económicas que permitan que el control de los precios llegue de la mano de mayores y mejores inversiones”, destacó la diputada Latorre.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR Mendoza), participó este lunes en la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Energía en la que se trató el porcentaje del precio del gas en el Punto de ingreso al Sistema de Transporte, PIST, que pagará el Estado Nacional a través de subsidios.
Latorre destacó que “no venimos a discutir tarifas sino a analizar los precios del gas en el PIST y la porción que el Estado tomará a su cargo y que sin dudas tendrá impacto en las tarifas, pero también impactará sobre el déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación y los cumplimientos o incumplimientos de las metas fiscales comprometidas”.
“Se parte de una situación de anomalía legal e institucional, tan anómala también como la intervención de los Entes Reguladores”, afirmó y explicó que “esta situación se inició en el 2004 con el decreto 181 que fijó un esquema de normalización del precio del gas, hasta que se reencauzara la actividad y se llegara nuevamente a los precios que debían resultar de la libre interacción de la oferta y la demanda y se facultó a la Secretaría de Energía a acordar’ con los productores el ajuste del precio desoyendo así la reglamentación que sostiene que la producción y comercialización del gas es una actividad desregulada”.
La parlamentaria destacó: “Hace 18 años que vivimos en esta excepcionalidad, paralegal, en la que el Estado interviene con fondos del Tesoro Nacional para controlar precios en lugar de generar las condiciones macro económicas que permitan que el control de los precios llegue de la mano de mayores y mejores inversiones”.
“Los pocos programas que este gobierno plantea no se encaminan a lograr una competencia de precios, sino y muy por el contrario, concentran aún más la producción en algunos pocos actores favorecidos con beneficios y fomentos que se sostienen con el esfuerzo fiscal”, aseguró Latorre.
Agregó que “sin dudas este no es el camino de retorno hacia una puja competitiva. Para que ello ocurra se necesita estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, dos conceptos a contramano de las decisiones de este gobierno, y un programa económico consecuente con una planificación coherente y a largo plazo, y no medidas aisladas, descoordinadas e insostenibles como las que lamentablemente muestran”.
La diputada también resaltó la falta de elementos esenciales para determinar con cuanto va a intervenir el Tesoro Nacional. Hoy vence la prórroga, de la prórroga, de la prórroga del plazo para renegociar la 6° adenda del contrato de importación de gas de Bolivia suscripto entre IEASA y YPFB. “Es prioritario tener certezas sobre esas entregas y en su caso sus sustituciones, para recién entonces poder hablar de los precios de esa oferta y luego cuál será la porción que el esfuerzo fiscal absorberá a fuerza de subsidios”, dijo.
“Para respetar lo proyectado en 2022, la actualización del precio del gas deberá ser de al menos un 91% para cubrir un 44% en lugar del 71%, el precio del gas deberá ser de $11,77 el m3. Ello implica un aumento trasladado a tarifa final de al menos un 65% y no un 20% como afirma el kirchnerismo”, señaló.
“Llaman a una Audiencia pública, pero sin hacer públicos los datos sobre el desequilibrio de la balanza energética, sus implicancias, ni posibles soluciones”, concluyó Latorre.
