Córdoba. Las organizaciones sociales y partidos de izquierda reafirmaron su repudio a los «ataques» sufridos en la movilización contra el FMI del 8F. Volvieron a criticar al fiscal Garzón por adelantar posición y demandaron ser atendidos por el Fiscal General de la Provincia. Exigen uan investigación «a fondo».
Las organizaciones sociales y políticas concentraron ayer en Tribunales I para pedir una audiencia con el Fiscal General de la Provincia Juan Manuel Delgado. Exigen una investigación «a fondo» a partir de la denuncia de «ataques» de infiltrados encapuchados a manifestantes en la protesta del 8F.
La concentración frente al Palacio de Justicia congregó a las organizaciones convocantes de la marcha contra el FMI: Polo Obrero, PTS, FOL, OLP R, MST, NMAS, MST, Izquierda Socialista, Libres del SUR, Cor, Marabunta, Venceremos. En esta oportunidad, se contó con la presencia de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.
La dirigentes del PTS-FIT, Laura Vilches, ratificó la denuncia de «ataques». Al respecto, indicó: «Hubo infiltrados que actuaron en acciones coordinadas y simultáneas en distintas columnas, en las que se escucharon detonaciones y hubo compañeros que recibieron golpes».
«La acción de los infiltrados generó las estampidas en las que se produjeron distintos heridos. Se trata de hechos de violencia política que buscan, mediante el ejercicio de la fuerza, amedrentar y atemorizar para impedir el derecho a la protesta», acentuó.
La exconcejala capitalina habló de «una zona liberada para que esto sucediera» y resaltó: «El Gobierno es el principal responsable del esclarecimiento inmediato de lo sucedido».
El Fiscal de Instrucción Raúl Garzón quedó en el centro de las críticas de las agrupaciones de izquierda al sostener la semana pasada que se trató de “enfrentamientos entre los manifestantes”.
«Las declaraciones del Fiscal Garzón en las que, sin presentar una sola prueba de carácter pericial, documental ni testimonial, responsabiliza a las propias organizaciones», cuestinó Vilches.
Y agregó: «Los dichos del fiscal se parecen más una acusación política de carácter persecutorio que busca demonizar a las organizaciones que sufrieron el ataque que al intento de esclarecer los hechos».
Por último, Vilches puntualizó que “lo sucedido en Córdoba es un antecedente gravísimo contra el ejercicio de la protesta que no podemos pasar por alto ni naturalizar» y pidió a los sectores de derechos humanos, sindicales, políticos, sociales, y de género, a que se sumen al «más amplio repudio» que forma parte de un petitorio nacional sobre lo ocurrido en la Capital cordobesa.
Por su parte, la legisladora del MST en el FIT-Unidad, Luciana Echevarría, exigió el esclarecimiento de «los ataques» sucedidos en la marcha contra el FMI. «El accionar judicial viene siendo vergonzoso. El fiscal Garzón, se apuró a aventurar hipótesis sobre un supuesto enfrentamiento entre manifestantes, lo que es completamente falso», aseguró.
En este plano, la dirigente de izquierda resaltó: «Tampoco entendemos cómo hizo para tomarle declaración al menor de 15 años, que estaba internado en terapia intensiva e imposibilitado de hablar, a causa de las heridas y su delicado estado de salud. No podemos confiar en esta Justicia que pone el foco en las víctimas y apaña a los atacantes».
Echevarría resumió el planteo de los movimientos sociales y políticos de que «se aparte de la causa al fiscal Garzón». También demandó que «todas las organizaciones puedan ser parte de la investigación, conociendo cada uno de los pasos, las pruebas y los registros fílmicos».
