País. El primer mandatario declaró como testigo -en función de su rol pasado como jefe de Gabinete del Gobierno K, en el juicio en el que está acusada, entre otros, la vicepresidenta, en el marco de la causa por el reparto discrecional de la obra pública.
El presidente Alberto Fernández negóhoy rotundamente que durante su gestión como jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se le hubieran asignado fondos para obra pública “de manera desproporcionada” a la provincia de Santa Cruz.
“No, definitivamente no”, respondió el jefe de Estado ante una pregunta del defensor de Cristina Fernández de Kirchner, el penalista Alberto Beraldi.
El mandatario declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, en el juicio por la obra pública adjudicada a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, en el juicio conocido como “Obra Pública”, que tiene entre los acusados a la actual vicepresidenta.
En este marco, Fernández negó haber recibido indicaciones de los presidentes para asignar obra pública a Santa Cruz o al empresario Lázaro Báez. “No, definitivamente no”, repitió.
En cuanto a la adjudicación de fondos para la obra pública, el presidente consideró que se trata de “una decisión de carácter político no judiciable”, en consecuencia ajeno a la evaluación por un tribunal. “Me llama mucho la atención lo que se está discutiendo en este juicio”, resumió.
Ante la pregunta por cuál era el criterio para distribuir obra pública, Fernández dijo que “son criterios discrecionales que tienen que ver con las necesidades que en cada jurisdicción se enfrentan. Eso no tiene una regla. Los criterios son criterios de lo que uno entiende de que lo que en ese momento está necesitando el país”.
Y acentuó: “No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante”.
Fernández arribó a las 9.36 a los tribunales de Comodoro Py, donde declaró como testigo en el juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa denominada como «Vialidad» y en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.
