País. El titular del Palacio de Hacienda admitió que habrá cambios en las jubilaciones de privilegio. Por su parte, el presidente Fernández admitió la necesidad de «avanzar más» en estudiar los beneficios jubilatorios que favorecen a jueces y embajadores a través de los regímenes especiales.
El Gobierno nacional negó que se analice impulsar una nueva reforma jubilatoria en el marco de las avanzadas negociaciones que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para arribar a un acuerdo por la refinanciación de la deuda de U$S 45.000 millones.
De todas maneras, el presidente Alberto Fernández admitió la necesidad de «avanzar más» en estudiar los beneficios jubilatorios que favorecen a jueces y embajadores a través de los regímenes especiales.
Los eventuales cambios que están en estudio «no incluyen el régimen previsional docente sino al régimen en el que están los embajadores y jueces«, aclaró el presidente Alberto Fernández a través de un audio difundido en el programa radial El Destape.
«La diferencia es muy grande y claramente no es para docentes. De lo que se está hablando es un régimen especial de privilegio donde básicamente están embajadores y jueces«, añadió el mandatario.
Sobre ese punto, explicó que «algo hicimos con los jueces y creo que deberíamos avanzar más y lo mismo con los embajadores, pero claramente no es el tema de los docentes».
En la misma línea, el ministro de Economía Martín Guzmán descartó la posibilidad de impulsar una nueva reforma jubilatoria, aunque aclaró que se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales.
El ministro dejó en claro que «se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley». De todas maneras, admitió que «se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la ley 27.546», que alcanza a magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación.
En ese estudio se «analizarán opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional».
El Gobierno modificó en 2020 la ley de jubilación de los jueces y aumentó los aportes y eliminó el beneficio de que pudieran cobrar el beneficio del 82% móvil de sus ingresos, entre otras reformas.
