País. En el marco de la apertura de un nuevo período ordinario de sesiones del Congreso, Fernández describió que «lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave» y exhortó al Parlamento a revisar «la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema».
El presidente Alberto Fernández reafirmó este martes ante la Asamblea Legislativa la necesidad de una “reforma integral del sistema de administración de justicia federal”.
En este plano, el titular del Ejecutivo nacional exhortó al Congreso a revisar “la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema” y exigió que los tribunales “avancen en la investigación” sobre la contratación de deuda externa durante el gobierno de Cambiemos.
“El año pasado instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”, aseguró el jefe del Estado.
Tras esa expresión contra el Gobierno de Mauricio Macri, legisladores del PRO se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto en el que Alberto Fernández inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Los cuatro jueces de la Corte Suprema, presentes en el recinto, permanecieron en sus sillas cuando Fernández recordó que “en enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”.
“A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares –añadió- no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”.
Ante esta situación, el Presidente embistió: “Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”.
En el capítulo judicial de su ddiscurso, el jefe de Estado insistió en una iniciativa postergada: “Necesitamos una Reforma integral del sistema de administración de justicia federal”.
“Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave. Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal”, fustigó.
“Por eso siempre mi primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”, puntualizó.
En otro pasaje de su discurso, Fernández anunció el envío al Congreso de “un proyecto de Ley que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia”.
“Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia. Garanticé que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico. Puse fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos. En síntesis, dije ‘nunca más’ a esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos”, se ufanó.
“Es indispensable –reclamó- que el Congreso acompañe este camino. Necesitamos contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico”.
El mandatario dedicó un párrafo a recordar que ya está en el Parlamento el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y prometió avanzar en “implementación del Código Procesal Penal Federal”, que asigna las investigaciones a los fiscales y deja a los jueces en el rol de controlar el respeto de las garantías constitucionales.
“Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”, aseveró.
