Córdoba. De sus pares de Juntos por el Cambio recibió el voto negativo a su designación en el Tribunal de Conducta Policial. Por su parte, la mayoría oficialista no le habilitó la palabra a la hora de la reconsideración de dos iniciativas vinculadas a Rentas que el radical buscaba debatir sobre tablas.
En el marco del realineamiento interno de la UCR, que pasó a ejercer la primera minoría, y de renuncias de parlamentarios opositores con acuerdo de rotación de bancas, el pleno aprobó en la sesión de este miércoles sendas resoluciones con la actualización de integrantes de las comisiones especiales de la Unicameral.
Esto se debió a la modificación del carácter de primera y segunda minoría de los bloques Juntos UCR y Juntos por el Cambio, producto de los efectos de la ley de juego online que se sancionó el 29 de diciembre del año pasado.
Cabe recordar que la aprobación de la polémica norma generó la fractura de Juntos por el Cambio (JxC) y activó el pase de cuatro radicales a la bancada de Juntos UCR. De esta manera, el radicalismo en la Unicameral pasó a ser la primera minoría con 9 legisladores y desplazó a JxC que quedó con cinco integrantes (un radical y cuantro macristas).
Asimismo, los cambios en las comisiones especiales se produjeron a raíz de que la Legislatura aprobó recientemente la renuncia de los legisladores García Elorrio (EVC) y Noel Argañaraz (FIT). Los partidos políticos de Encuentro Vecinal Córdoba y el Frente de Izquierda tienen acuerdos internos de rotación de bancas.
Con la aprobación del pleno en la sesión de hoy quedó actualizada la representación de la Legislatura ante la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz (Ley 9449); el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia (Ley 9591) y la Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda (Leyes 10340 y 10691).
Lo mismo sucedió con la Comisión de Seguimiento del Régimen Sancionatorio Excepcional Covid 19 (artículo 9 de la ley 10.702); el Consejo de Desarrollo Sustentable (ley 10.208) y el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad (artículo 8 de la ley 10.731).
En este último caso quedó expuesta la puja interna entre JxC y Juntos UCR tras el rearmado radical en la Unicameral. Es que el asiento en el Tribunal de Conducta Policial estaba en manos de Orlando Arduh. Ahora, la representación será ejercida por Marcelo Cossar. Ambos protagonizaron duros cruces en los últimos tiempos.
Al momento de la votación, el bloque JxC -comandado por Arduh- dejó expresamente consignado su voto negativo a la designación del representante de la primera minoría.
No hubo expresiones públicas durante la sesión por este tema, pero el voto de rechazo del radical y los cuatro macristas a Cossar fue un dato que no pasó desapercibido para la lectura política.
Rechazo peronista
No obstante, no fue el único rechazo que recibió el parlamentario boina blanca -exfuncionario de la gestión Mestre- en el plenario de esta tarde.
La bancada oficialista hizo valer su peso específico a la hora de no otorgarle los cinco minutos para la reconsideración de proyectos que Cossar buscaba debatir sobre tablas.
Ante esta situación, el radical denunció que «el peronismo se negó a tratar los proyectos para que Rentas abra sus oficinas al público, frene los embargos a jubilados y los emplazamientos a taxitas».
En su dura crítica a viva voz -fuera de micrófono- en medio de un cruce con Oscar González, a cargo de presidir la sesión, Cossar reclamó que «Hacemos por Córdoba (HxC) cercena la palabra» y aseveró: «No les importa el reclamo de la gente».
La legislatura de Córdoba es bien democrática.
— Marcelo Cossar (@cossarmarcelo) March 10, 2022
*Dijo nadie nunca* pic.twitter.com/eHuHA9NStV
Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron a Agenda 4P que en la reunión de Labor Parlamentaria, minutos antes de la sesión, la bancada radical recibió las respuestas correspondientes a las iniciativas impulsadas por Cossar.
Es por ello que HxC no habilitó -como es de uso y costumbre de la Cámara- los cinco minutos que un legislador opositor utiliza para expresar sus argumentos en torno al pedido de reconsideración del debate de proyectos.