País. Como ocurrió en la Cámara Baja, el Gobierno quiere un tratamiento exprés del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción. El Frente de Todos buscará llevarlo a debate al recinto el miércoles próximo o, si hay algún retraso, a más tardar el jueves.
Tras la aprobación de mayoría en Diputados, el Ejecutivo nacional quiere acelerar el tratamiento del proyecto de ley sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Senado. La meta está puesta en tener su sanción definitiva antes de que termine la próxima semana.
Este viernes, el Senado, que está presidido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, convocó para el lunes a la comisión de Presupuesto y Hacienda a las 15.
Al igual que ocurrió en la Cámara Baja, irán a comisión el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont.
El presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, y Manzur se reunieron a solas este jueves para definir el cronograma de debate.
Los representantes del Gobierno explicarán ante los senadores el contenido de la iniciativa, aunque será diferente a lo que sucedió en la Cámara Baja, ya que el texto original se redujo, tal como acordaron oficialistas y opositores (Juntos por el Cambio y el Intebloque Federal) en la noche del miércoles, lo que habilitó el debate en el recinto al día siguiente.
No esta previsto por el momento que concurrieran nuevamente los gobernadores al Senado, ni tampoco empresarios, gremialistas y organizaciones sociales, como sí sucedió en Diputados.
La idea del oficialismo es escuchar a los funcionarios el lunes, el martes volver a la comisión para dar dictamen y el miércoles avanzar con la sesión. Si algo se retrasa, pasará para el jueves, indicaron fuentes parlamentarias.
Ante el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y Juntos por el Cambio se descuenta que el despacho de mayoría llegue a más tardar al recinto el jueves. Para ello, la oposición colaborará con los dos tercios que se requiere para habilitar el tratamiento sin esperar los siete días desde que un proyecto obtiene dictamen, una condición que tienen la Cámara Alta.